La Unión Europea solicita una «verificación independiente» de los resultados electorales en Venezuela, mientras crece la preocupación por el aumento de detenciones arbitrarias tras los comicios.

La reciente reelección de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una profunda crisis política, marcada por denuncias de fraude electoral y represión. A pesar de la proclamación de Maduro como ganador con el 51,95% de los votos, la oposición reclama haber obtenido más del 70%, exigiendo un recuento internacional de los resultados. La Unión Europea ha declarado que los comicios «no cumplieron con las normas de integridad electoral» y que los resultados anunciados «no pueden ser reconocidos» sin una publicación completa de las actas de votación.

La situación se ha agravado con una ola de detenciones arbitrarias; la ONG Foro Penal reporta 988 arrestos desde el 29 de julio, incluyendo a 91 menores, en el marco de las protestas postelectorales. La UE ha pedido una «verificación independiente» de los registros y denunció el número creciente de detenciones arbitrarias, subrayando la falta de transparencia y credibilidad en el proceso electoral venezolano.

En paralelo, figuras internacionales como el expresidente argentino Mauricio Macri han instado a los venezolanos a mantenerse firmes en la protesta, alertando sobre una posible crisis migratoria si el chavismo permanece en el poder. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha iniciado una investigación sobre el proceso electoral, a la que asistieron nueve de los diez candidatos presidenciales, excepto el opositor Edmundo González. Este último, junto a María Corina Machado, planea movilizaciones masivas en diversas ciudades del país.

En un contexto de creciente tensión, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ha defendido el legado de Hugo Chávez y criticado a figuras internacionales que se han pronunciado sobre la situación en Venezuela, destacando una supuesta «envidia» hacia el proyecto bolivariano. La crisis electoral en Venezuela continúa generando preocupación en la comunidad internacional, que exige claridad y respeto a los derechos democráticos.