El ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei lleva a las universidades a un paro de 72 horas y una nueva marcha federal, con recortes del 32% en partidas y salarios 45% por debajo de la inflación, poniendo en riesgo el funcionamiento básico de las instituciones educativas.

El segundo semestre universitario comienza con un nuevo paro de 72 horas y una convocatoria a una marcha federal, impulsados por una crisis financiera sin precedentes en el sistema educativo argentino. La situación se agrava por recortes presupuestarios del 32% en comparación con el año anterior, mientras que los salarios del personal docente y no docente han caído un 45% en términos reales, colocándolos por debajo de la línea de pobreza en más del 50% de los casos.

Entre enero y julio de 2024, las universidades han recibido un 31% menos en recursos, con una notable desactualización respecto a la inflación. Este recorte ha llevado al presupuesto universitario a su nivel más bajo en décadas, representando solo el 0,24% del PIB. Las partidas para salarios y funcionamiento educativo han disminuido considerablemente, con un ajuste del 31% en los sueldos docentes y del 27% en los salarios no docentes.

El impacto del ajuste es particularmente severo en universidades específicas, como la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Juan, que han experimentado recortes del 100% en algunos fondos. Esta situación también afecta gravemente a otras universidades y a los colegios preuniversitarios debido a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), lo que agrava aún más la crisis en las obras sociales universitarias.

A pesar de los intentos del gobierno para evitar el paro, los sindicatos y el Consejo Interuniversitario Nacional han denunciado que el reciente aumento salarial del 71% anunciado por el Ministerio de Capital Humano es insuficiente frente a una inflación del 120%, evidenciando una caída real en el poder adquisitivo del personal universitario. La falta de recursos y la caída en los salarios amenazan con desestabilizar aún más el sistema educativo argentino, poniendo en riesgo la calidad y continuidad de la educación superior en el país.