La postal de la bonanza energética volvió a resquebrajarse. Esta semana, NRG Argentina, una de las principales proveedoras de arena para el fracking en Vaca Muerta, anunció el despido de más de 200 trabajadores en su planta de Allen, Río Negro, tras confirmar el cierre operativo de la unidad. La noticia corrió como un reguero de pólvora en la región, donde la actividad hidrocarburífera es una de las pocas fuentes de empleo genuino y con salarios por encima de la media.

La empresa, de capitales estadounidenses, atribuyó la decisión a una “reestructuración estratégica” que incluiría el traslado de operaciones hacia la provincia de Neuquén, donde también tiene infraestructura, y a una caída en la demanda de arena de fractura. Pero detrás del lenguaje corporativo, el efecto fue devastador: más de 200 familias quedaron en vilo, y los gremios aseguran que los afectados directos podrían ser muchos más si se consideran los trabajos indirectos que se perderán en transporte, servicios y logística.

El impacto llega en un contexto particularmente delicado: Río Negro sufre una fuerte recesión en todos los sectores, y las promesas de desarrollo vinculadas a Vaca Muerta no terminan de concretarse para la población local. El modelo extractivo de enclave, que se nutre de recursos regionales pero reparte escasamente sus beneficios, vuelve a quedar expuesto. “No somos parte del negocio, solo del daño”, resumió un delegado gremial de los despedidos.

La medida se produce en paralelo al freno en la obra del Oleoducto Vaca Muerta Sur, que la propia NRG abastecía de arena, y a la retracción de inversiones por parte de algunas operadoras, preocupadas por la inestabilidad macroeconómica y las indefiniciones regulatorias del gobierno nacional. Aunque el presidente Javier Milei insiste en que el país está “ordenando las variables” para atraer capitales, en las provincias productoras se multiplica el malestar por la destrucción de empleos industriales, la informalización y la pérdida de poder adquisitivo.

La UTA y el Sindicato de Camioneros de la región ya alertaron que, si no se garantiza una mesa de negociación con la empresa y los gobiernos provincial y nacional, podrían iniciar medidas de fuerza. A su vez, legisladores de la oposición pidieron explicaciones al Ejecutivo rionegrino y reclamaron “acciones concretas para defender el empleo local frente al ajuste brutal del mercado energético”.

Mientras tanto, en Allen, la planta de NRG —inaugurada hace apenas tres años con anuncios de progreso y generación de empleo— comienza a desmontarse como un símbolo más de una promesa energética que no alcanza a los pueblos que la sostienen.