Tras la aprobación del incremento salarial de los legisladores, la vicepresidenta Victoria Villarruel se pronunció ante las críticas, señalando la legalidad del aumento y su imposibilidad de intervenir en la decisión.

La Vicepresidenta Victoria Villarruel se enfrentó a una ola de críticas luego de que los senadores votaran un incremento salarial que elevaría sus dietas de $1,7 millones a más de $4 millones a partir de mayo próximo. Ante este escenario, Villarruel defendió la medida, destacando su legalidad y su falta de autoridad para detenerla.

«Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo», declaró Villarruel, quien explicó que como Presidente del Senado no tiene la potestad de intervenir en las decisiones de los legisladores. Aclaró que no cobra del Senado y no puede influir en las votaciones ni exigir explicaciones sobre las decisiones tomadas por los senadores.

La Vicepresidenta también lamentó las acusaciones infundadas en su contra, indicando que siempre enfrenta las críticas de manera frontal. En respuesta a sus seguidores en redes sociales, Villarruel expresó su desconcierto ante los ataques recibidos, subrayando que no se beneficia en absoluto del aumento salarial votado por los senadores.

Por otro lado, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para criticar a los senadores que apoyaron el incremento de sus dietas, denunciando el accionar de lo que llamaba «la casta política». Solo siete senadores se opusieron al aumento, según señaló Milei, quien anticipó una derrota electoral para la clase política en el año 2025.

El proceso que culminó con la aprobación del aumento salarial tuvo sus orígenes en una reunión de Trabajo Parlamentaria realizada previamente para organizar la sesión. Allí, varios bloques expresaron su malestar con algunas acciones del Ejecutivo, lo que desencadenó la discusión sobre las dietas de los legisladores.

Cabe destacar que en marzo pasado, Villarruel y el expresidente Menem revirtieron un aumento salarial otorgado a multas de febrero, acordando un incremento del 16% a partir del 1° de enero de 2024 y del 12% acumulativo desde el 1 de febrero. Sin embargo, esta nueva suba generó controversias y críticas hacia la clase política en un contexto de descontento generalizado con los gastos políticos.