La intervención al organismo creado en 2009 por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es por 180 días y ha generado críticas por la falta de antecedentes de la nueva interventora en el ámbito de los medios y los derechos de las audiencias.

La vicepresidenta Victoria Villarruel ha decidido intervenir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual por un período de 180 días. Este organismo, creado en 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, tiene como misión proteger los derechos de las audiencias y fomentar su participación en los medios. La medida ha sido interpretada por algunos sectores como un ataque a la normativa vigente en materia de derechos de las audiencias.

La Defensoría del Público, que fue instituida como parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522), ha sido reconocida internacionalmente por su labor en defensa de los derechos de las audiencias. Entre sus funciones se destacan la recepción de denuncias, consultas y reclamos de las audiencias, así como la promoción de una relación más equitativa entre estas y los medios de comunicación.

Sin embargo, el organismo no ha estado exento de polémicas. Una de las más notorias ocurrió en 2020 durante la gestión de Myriam Lewin, cuando se lanzó el dispositivo “Nodio”, destinado a combatir la desinformación y los discursos de odio en los medios. Aunque la propuesta fue defendida como una medida para proteger la calidad de la información, recibió fuertes críticas por considerarse un intento de censura encubierta.

La intervención actual se produjo en un contexto donde la Comisión Bicameral, responsable de designar a la titularidad del organismo, no logró realizar el nombramiento a tiempo. Esto facilitó la intervención del Ejecutivo.

Soher El Sukaria, exdiputada del PRO y concejala de la ciudad de Córdoba, ha sido designada como interventora de la Defensoría del Público. Este nombramiento ha generado controversia, ya que El Sukaria no cuenta con antecedentes ni experiencia en el ámbito de los medios de comunicación o la defensa de los derechos de las audiencias. La falta de experiencia en el área ha despertado preocupaciones sobre la independencia y la orientación futura del organismo.

La intervención ha sido criticada por diversos sectores que ven en esta acción un intento de debilitar la normativa que protege a las audiencias y promover una agenda menos comprometida con la defensa de sus derechos. La designación de una interventora sin experiencia en el ámbito específico del organismo refuerza estas preocupaciones y plantea interrogantes sobre el futuro de la Defensoría del Público.

Esta situación se enmarca en un contexto más amplio de tensiones políticas y debates sobre la libertad de expresión y el rol del Estado en la regulación de los medios de comunicación en Argentina.