El oficialismo realizó fuertes modificaciones en el capítulo laboral de la Ley Ómnibus para facilitar su avance en la Cámara de Diputados, tras una negociación con sindicalistas y la oposición. Se eliminaron varios artículos irritativos para sectores de la oposición y sindicatos, reduciendo drásticamente el alcance de la propuesta original del Gobierno.
El Gobierno de Argentina ha decidido eliminar del capítulo laboral de la Ley Bases varios artículos que generaban malestar en la Confederación General del Trabajo (CGT) y sectores de la oposición. Esta medida, tomada tras una negociación entre el oficialismo y la oposición dialoguista, representa un cambio significativo en la propuesta original del Gobierno.
La versión final del proyecto, tras las modificaciones realizadas, ahora consta de solo 17 artículos, en comparación con los 58 artículos que originalmente incluía la propuesta de modernización laboral del Gobierno. Se excluyeron artículos relacionados con las cuotas solidarias, la ultraactividad de los convenios colectivos, regulaciones sobre el derecho de huelga en servicios esenciales y cambios en el régimen del teletrabajo, entre otros.
También se eliminaron disposiciones que penalizaban las asambleas de trabajadores y consideraban los bloqueos sindicales como causales de extinción del contrato de trabajo. Sin embargo, se mantuvo un artículo que suaviza las penas para quienes bloqueen una empresa, reduciendo la posible condena de 3 a 6 años de prisión a 6 meses a 3 años.
Además, se retiraron del proyecto los cambios en el régimen de teletrabajo y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, que estaban presentes en versiones anteriores del proyecto. En cambio, se conservaron disposiciones relacionadas con las multas por trabajo no registrado, la reducción del período de prueba de los trabajadores y la posibilidad de acordar una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
Esta nueva versión del proyecto, más alineada con las demandas sindicales y la oposición, allana el camino para su aprobación en la Cámara de Diputados, en un contexto de fuerte disputa política y presiones de diversos sectores sobre el Gobierno. La eliminación de los artículos más controvertidos ha reducido la resistencia de la CGT y otros sectores de la oposición, abriendo la posibilidad de un acuerdo parlamentario para su sanción.
