El gobierno provincial exige el restablecimiento de los anticipos mensuales suspendidos y denuncia una deuda de $70 mil millones. La disputa se enmarca en un contexto de reformas previsionales controvertidas.

La provincia de Santa Fe ha elevado una demanda a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo una medida cautelar para que el Gobierno nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hacía a la Caja de Jubilaciones de los estatales provinciales. Esta acción judicial surge tras la decisión del presidente Javier Milei de suspender estos pagos mediante el Decreto N.º 280/2024, el cual, según el gobierno santafesino, fue adoptado de manera «inconsulta e intempestiva».

El informe oficial denuncia que la deuda acumulada entre enero y junio con la Caja de Jubilaciones alcanza los $70 mil millones. El Decreto en cuestión dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023, que establecían los anticipos mensuales a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional. Estos anticipos debían corresponder a una doceava parte del déficit anual de cada sistema previsional, ajustados por las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria.

La administración de Milei ha aplicado una política fiscal estricta que ha afectado negativamente a los territorios regionales, incluyendo a Santa Fe. A pesar de que el gobernador Maximiliano Pullaro colaboró con el gobierno nacional al apoyar la Ley Bases y firmar el Pacto de Mayo, los fondos prometidos no han sido transferidos. La ausencia prolongada de estos fondos ha generado una crisis financiera en la provincia, que afecta la capacidad de la Caja de Jubilaciones para cumplir con los pagos a jubilados y pensionados.

El gobernador Pullaro argumenta que la falta de fondos durante seis meses, combinada con un aumento mensual en las necesidades financieras de la caja, exige una acción urgente para evitar un colapso en el sistema previsional. El recurso interpuesto subraya que la crisis no solo afecta a los gastos corrientes, sino que compromete el cumplimiento de los haberes jubilatorios esenciales.

Este conflicto se produce en el contexto de una reforma previsional controvertida promovida por Pullaro, que incluye cambios en la edad de jubilación y ajustes en los regímenes especiales. Los gremios y críticos argumentan que estas modificaciones, que apuntan a reducir el déficit, podrían afectar negativamente los derechos de los jubilados y pensionados.

El gobernador ha defendido su propuesta de reforma como una necesidad para adaptar la legislación previsional a las nuevas realidades económicas y demográficas. Sin embargo, la controversia persiste en torno a cómo se gestionará el equilibrio entre la sostenibilidad financiera y los derechos de los beneficiarios del sistema previsional.