La medida, que entra en vigor en septiembre, podría impactar significativamente en los costos del transporte público en el AMBA y poner en riesgo la continuidad del servicio.
El Gobierno Nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, ha confirmado que desde el 1 de septiembre se eliminarán los subsidios al transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires. Esta decisión, anunciada por la Secretaría de Transporte a cargo de Franco Mogetta, implica el retiro de los subsidios que actualmente cubren parte del costo de los boletos de colectivos a través de la Red SUBE, así como las subvenciones a las tarifas de las 31 empresas de jurisdicción porteña.
La medida está diseñada para ahorrar alrededor de $15.000 millones mensuales al Tesoro nacional y busca equilibrar el tratamiento que reciben el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el de otras provincias, en un esfuerzo por promover el federalismo y la igualdad de condiciones.
Con la eliminación de los subsidios, los costos del transporte para muchos usuarios del AMBA aumentarán significativamente. El boleto integrado de la Red SUBE, que actualmente permite descuentos en viajes múltiples en un rango de dos horas, ya no contará con subsidios, lo que incrementará los costos para quienes utilizan más de un medio de transporte en su jornada. Para la provincia de Buenos Aires, esto podría representar un costo adicional mensual de $6.500 millones, mientras que para CABA, el incremento sería de $1.500 millones.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, advirtió que esta medida podría resultar en un aumento del 60% en los boletos para los usuarios de su jurisdicción. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno también enfrenta un desafío adicional: el subsidio que cubre la diferencia entre el precio real del boleto y lo que los usuarios pagan actualmente. La administración de Jorge Macri ha expresado su desacuerdo con el traspaso de estos subsidios, que implicaría un gasto adicional de $7.000 millones por mes, y ha responsabilizado al gobierno nacional por cualquier posible paro de transporte.
Las cámaras empresarias del transporte han manifestado su preocupación por la posible falta de continuidad del servicio, debido a la eliminación de subsidios. Según Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo de operar los colectivos podría superar los ingresos actuales, lo que podría llevar a una reducción en el servicio o incluso a la paralización de algunas líneas.
A pesar de la eliminación de subsidios en las líneas locales, el Gobierno Nacional mantendrá subsidios en 113 líneas de jurisdicción nacional y en los trenes del AMBA. También continuará con la Tarifa Social, que ofrece descuentos del 55% para ciertos grupos de personas.
Esta decisión ha generado un debate sobre cómo equilibrar el costo del transporte público con la necesidad de promover una distribución equitativa de los recursos a nivel nacional. Con la eliminación de subsidios y el ajuste en las tarifas, el impacto en los usuarios y la continuidad del servicio serán temas centrales en los próximos meses.