La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció posibles medidas nacionales ante el bloqueo mapuche en Vaca Muerta, instando al gobernador de Neuquén a tomar medidas decisivas.

La situación en Vaca Muerta se ha vuelto crítica. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, ha lanzado un ultimátum al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, respecto al bloqueo mapuche en las instalaciones petroleras de la región. Durante un evento en el Club del Petróleo en Buenos Aires, la ministra expresó su preocupación y anunció que el gobierno nacional podría intervenir si la provincia no actúa pronto.

La disputa comenzó el lunes pasado cuando miembros de la Confederación Mapuche de Neuquén establecieron bloqueos en puntos clave de Vaca Muerta. Los manifestantes, que protestan por tiempo indeterminado, exigen respuestas sobre relevamientos territoriales y cuestiones ambientales. La respuesta de Figueroa a estas tensiones sigue en el aire, aumentando la preocupación entre los inversores y las empresas operadoras en la región rica en petróleo.

El conflicto ha llegado a tal punto que el fiscal Juan Narváez emitió una orden de desalojo el lunes al mediodía, aunque los bloqueos persisten. Ante la falta de acción efectiva por parte del gobierno provincial, Bullrich propuso la creación de un «comando unificado de seguridad productiva», que busca proteger sectores críticos como la actividad hidrocarburífera, parques industriales y zonas portuarias.

Esta medida, según la Resolución 893/2024, se justifica por la importancia estratégica de estos sectores para el crecimiento económico del país. La ministra también mencionó conversaciones con otras provincias y la industria minera para asegurar la implementación del comando, aunque todavía no ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Neuquén.

El aumento de las tensiones en Vaca Muerta no solo afecta a la producción local, sino que también plantea serias preguntas sobre la gobernabilidad y la seguridad en uno de los motores económicos más importantes de Argentina. La intervención del gobierno nacional parece inminente si no se resuelven pronto los conflictos con los grupos indígenas y las autoridades provinciales.