La Secretaría de Energía confirmó el interés en privatizar el gasoducto Perito Moreno, fundamental para exportar gas de Vaca Muerta hacia Brasil y otras regiones.
El Gobierno, liderado por Javier Milei, busca privatizar el Gasoducto Perito Moreno (anteriormente Néstor Kirchner), una infraestructura estratégica para la exportación de gas desde Vaca Muerta hacia mercados como Brasil. La secretaria de Energía, María Tettamanti, afirmó que el gasoducto «debe ser una concesión privada» y destacó que la medida responde a la intención de avanzar en el proceso de desestatización estipulado por la Ley de Bases.
La obra, inaugurada en 2023 durante la gestión de Alberto Fernández, está actualmente en manos de la estatal Enarsa, pero podría pasar a una empresa privada mediante una licitación pública. Según Tettamanti, el objetivo es que el sector privado asuma la ampliación de la capacidad de transporte, que requerirá una inversión inicial de 500 millones de dólares y permitiría ahorrar hasta 567 millones de dólares en divisas.
Una inversión clave para la industria energética
La empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) ya presentó una propuesta de iniciativa privada para aumentar la capacidad del gasoducto, que actualmente transporta hasta 21 millones de metros cúbicos diarios de gas desde los yacimientos de Vaca Muerta hacia Buenos Aires y la región Litoral.El modelo de privatización, explicó Tettamanti, permitiría establecer tarifas competitivas y atractivas para inversionistas, basándose en el marco regulatorio de la Ley 24.476, que favorece acuerdos entre empresas sobre la capacidad y costos del transporte.
Para avanzar en este esquema, la Secretaría de Energía aclaró que se requiere un decreto que declare al gasoducto como bien de interés público. Este paso permitiría convocar la licitación donde TGS competiría con otras empresas interesadas.
«Con tarifas predecibles, los compradores y el sector privado podrán concretar acuerdos que impulsen el desarrollo del transporte de gas. Necesitamos superar las restricciones que impone la Ley 17.319 para habilitar un sistema más flexible», sostuvo Tettamanti en un evento organizado por EcoJournal.
