La Justicia electoral brasileña exigió a la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp que presente pruebas de igualdad en el alcance y la difusión de contenidos de los dos candidatos presidenciales. Si incumple el nuevo plazo, la multa diaria ascenderá a un millón de reales, en una campaña atravesada por acusaciones sobre el papel de los algoritmos en la disputa política.

La Justicia electoral de Brasil endureció su posición frente a Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, y le concedió 24 horas para demostrar que sus plataformas ofrecen un tratamiento igualitario a las campañas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del senador Flávio Bolsonaro. La resolución se conoció el lunes 19 de octubre, a menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 25.

El juez Marco Aurélio Bellizze, integrante del Tribunal Superior Electoral, consideró insuficiente la respuesta que la empresa había presentado ante un requerimiento anterior. Por ese motivo, volvió a exigir información sobre el funcionamiento de sus sistemas y elevó la multa diaria por incumplimiento de 500.000 a un millón de reales, equivalentes a unos 200.000 dólares.

La decisión no establece que Meta haya manipulado deliberadamente las elecciones, pero obliga a la compañía a explicar cómo garantiza la igualdad de condiciones entre las candidaturas. El tribunal busca conocer de qué manera se distribuyen las publicaciones políticas, qué alcance tienen los anuncios electorales y qué criterios se aplican a los contenidos generados o modificados mediante inteligencia artificial.

El conflicto comenzó después de que la campaña de Lula denunciara presuntas restricciones en la difusión de sus publicaciones y diferencias en el funcionamiento de las herramientas de Meta. Según el oficialismo, algunas limitaciones habrían reducido la visibilidad de los contenidos del presidente, mientras que publicaciones relacionadas con su rival recibían un tratamiento diferente.

Uno de los episodios cuestionados ocurrió en Instagram, cuando la cuenta publicitaria de la campaña de Lula tuvo dificultades para promocionar publicaciones. El equipo del mandatario sostuvo que la restricción afectó su capacidad para llegar a los votantes durante un momento decisivo de la contienda. La empresa, por su parte, atribuyó los inconvenientes a fallas técnicas y negó haber actuado para beneficiar a un candidato.

La controversia también alcanzó a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en los servicios de la compañía. La campaña de Lula denunció que la herramienta se negaba a generar determinadas imágenes electorales relacionadas con el presidente, mientras que sí respondía a solicitudes similares vinculadas con Flávio Bolsonaro.

Meta afirmó que había prohibido temporalmente la recomendación de candidatos y la generación de imágenes de los aspirantes presidenciales para cumplir con las reglas electorales brasileñas. También reconoció que algunos problemas técnicos habían dejado brechas en sus mecanismos de protección y sostuvo que estaba trabajando para corregirlas.

La empresa rechazó las acusaciones de favoritismo político y aseguró que sus sistemas no distribuyen contenidos en función de la ideología de los usuarios o de las candidaturas. Según su explicación, los incidentes denunciados tuvieron causas técnicas y no respondieron a una decisión de favorecer a un sector. La disputa judicial deberá determinar si las medidas adoptadas son suficientes para cumplir con las exigencias del tribunal.

La Justicia electoral, sin embargo, considera que las explicaciones generales no alcanzan. El nuevo requerimiento solicita detalles sobre los sistemas de recomendación, el alcance de los anuncios de ambas campañas, la posible existencia de redes de perfiles inauténticos y los mecanismos utilizados para identificar contenidos producidos o modificados sintéticamente.

El caso expone una dificultad cada vez más relevante para las democracias: las plataformas digitales se convirtieron en espacios centrales de la competencia política, pero buena parte de las decisiones que determinan qué publicaciones se ven y cuáles quedan relegadas depende de sistemas automatizados cuyo funcionamiento no siempre resulta transparente para los ciudadanos ni para las autoridades.

La distribución de contenidos puede influir en la conversación pública incluso cuando no existe una orden explícita de favorecer a un candidato. La visibilidad de una publicación, su aparición en las recomendaciones y la posibilidad de promocionarla mediante anuncios pagos condicionan qué mensajes llegan a los votantes y con qué frecuencia. Por eso, la discusión no se limita a determinar si hubo una intención política detrás de las fallas, sino también a establecer si los mecanismos de control son suficientes para prevenir desigualdades.

La intervención del tribunal se produce, además, en una campaña marcada por una fuerte polarización. Lula busca un nuevo mandato frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y representante de la derecha brasileña. La disputa enfrenta dos proyectos políticos distintos y se desarrolla en un clima de acusaciones cruzadas, con las redes sociales como uno de los principales escenarios de confrontación.

La proximidad de la votación aumenta la presión sobre la Justicia y sobre la propia empresa. Una restricción que en circunstancias normales podría resolverse mediante una revisión técnica adquiere otra dimensión cuando puede afectar la comunicación de una candidatura a pocos días de las urnas. Al mismo tiempo, las medidas de control deben aplicarse con criterios claros para evitar que la intervención termine generando nuevas restricciones arbitrarias.

El desafío consiste en garantizar que las reglas sean iguales para todos sin convertir la supervisión judicial en un mecanismo de censura. Las autoridades necesitan información verificable sobre el funcionamiento de los sistemas, mientras que la empresa debe explicar sus decisiones y demostrar que sus políticas se aplican de manera consistente.

La resolución brasileña también vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de las grandes compañías tecnológicas en los procesos electorales. Su alcance internacional y su capacidad para organizar la circulación de información les otorgan una influencia que supera la de un medio de comunicación tradicional, aunque sus sistemas y criterios de distribución suelen permanecer fuera del escrutinio público cotidiano.

La decisión final sobre las acusaciones dependerá de las pruebas y de las explicaciones que se presenten ante el tribunal. Por ahora, el mensaje institucional es claro: las plataformas digitales no pueden quedar al margen de las reglas electorales cuando sus herramientas intervienen en la circulación de mensajes políticos. En una elección reñida, la transparencia tecnológica se convierte también en una cuestión de confianza democrática.