El fiscal Franco Picardi pidió que Diego Spagnuolo sea citado para aportar material de voz en el peritaje de los audios que sacuden a la ANDIS. La causa ya se convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza políticos para el Gobierno.

El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad sigue creciendo.

Y ahora la pelea judicial gira alrededor de una pregunta central: si los audios atribuidos a Diego Spagnuolo son auténticos o fueron manipulados.

El fiscal Franco Picardi pidió que el ex titular de la ANDIS participe del peritaje ordenado por el juez Ariel Lijo y aporte material de voz para comparar con las grabaciones filtradas que dieron origen al llamado “Coimagate”.

En esos audios se escucha a Spagnuolo describiendo presuntas maniobras de corrupción dentro del organismo y mencionando supuestos retornos vinculados al entorno presidencial. Las grabaciones comenzaron a circular meses atrás y desde entonces se transformaron en una amenaza política incómoda para la Casa Rosada.

La defensa del ex funcionario sostiene que los archivos fueron editados e incluso manipulados con inteligencia artificial. Por eso pidió la nulidad de toda la causa y presentó informes privados para desacreditar el material.

El fiscal, sin embargo, avanzó con un pedido mucho más amplio.

Solicitó que se analicen posibles cortes, ediciones y fragmentos alterados, pero también que se determine qué partes podrían conservar autenticidad plena. Además pidió que intervenga la DATIP, el cuerpo especializado en investigaciones tecnológicas del Ministerio Público Fiscal.

La causa ya dejó decenas de procesados, nuevas indagatorias y un clima de creciente tensión política alrededor del Gobierno nacional. Y aunque los audios todavía no fueron incorporados formalmente como prueba central, el resultado del peritaje podría modificar el escenario judicial de manera importante.

Detrás de la discusión técnica aparece otra disputa mucho más grande.

La pelea por controlar el relato del escándalo.

Porque mientras el oficialismo intenta instalar que todo forma parte de una operación política, la investigación judicial sigue avanzando sobre contratos, empresarios y funcionarios vinculados a la ANDIS.

Y en Comodoro Py ya saben algo que suele repetirse bastante en Argentina: cuando un expediente empieza a acercarse demasiado al poder, cada audio, cada pericia y cada demora judicial deja de ser solamente técnica.

También se vuelve política.