El Gobierno impulsa cambios en el régimen de Zona Fría que dejarían afuera a millones de usuarios del subsidio al gas. En paralelo, el mismo proyecto contempla mecanismos para aliviar deudas multimillonarias de distribuidoras eléctricas del AMBA.
El ajuste energético empezó a mostrar una de sus postales más incómodas.
Menos subsidios para hogares.
Y alivio financiero para grandes empresas eléctricas.
El gobierno de Javier Milei avanza en el Congreso con un proyecto que modifica el régimen de Zona Fría —reduciendo subsidios al gas para más de un millón y medio de usuarios— mientras al mismo tiempo habilita un esquema para compensar y condonar deudas multimillonarias de distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, parte de la UCR y bloques provinciales aliados.
El proyecto establece que muchas regiones incorporadas al esquema de Zona Fría durante la ampliación de 2021 dejarían de recibir descuentos en las tarifas de gas, salvo usuarios incluidos dentro de subsidios focalizados. Entre las zonas afectadas aparecen sectores de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis y provincias cordilleranas.
Según estimaciones oficiales citadas en el debate legislativo, alrededor de 1,6 millones de usuarios quedarían completamente excluidos del beneficio.
La escena genera especial preocupación justo antes del invierno.
Porque en muchas regiones las bajas temperaturas convierten el consumo de gas en una necesidad básica más que en un gasto opcional.
Gobernadores, intendentes y dirigentes opositores advirtieron que las facturas podrían aumentar fuertemente en hogares que ya vienen golpeados por inflación y caída del poder adquisitivo.
Pero el punto más sensible apareció en otro capítulo del mismo proyecto.
Ahí el Gobierno propone un mecanismo para compensar pérdidas acumuladas por distribuidoras eléctricas del AMBA durante años de congelamiento tarifario y utilizar esos créditos para cancelar deudas con CAMMESA.
En términos prácticos, distintos sectores opositores denuncian que eso terminaría funcionando como un perdón de pasivos cercanos a los 2.000 millones de dólares para empresas energéticas.
La discusión dejó expuesta una contradicción política bastante fuerte.
Mientras el oficialismo insiste en la necesidad de reducir subsidios por razones fiscales, también impulsa mecanismos de alivio económico para compañías privadas del sector energético.
Desde el Gobierno sostienen que la medida busca ordenar financieramente el mercado eléctrico y garantizar sustentabilidad del sistema.
Pero las críticas ya empezaron a crecer incluso entre provincias que acompañaron otras reformas libertarias.
Porque el conflicto no gira solamente alrededor de tarifas.
También sobre quién termina absorbiendo el costo principal del ajuste energético.
La discusión además toca una fibra bastante sensible en Argentina.
El acceso a energía barata históricamente funcionó como uno de los pocos amortiguadores sociales para millones de hogares de ingresos medios y bajos.
Por eso cada modificación tarifaria suele transformarse rápidamente en un debate político mucho más amplio.
No solamente sobre economía.
También sobre desigualdad, federalismo y modelo de Estado.
Y ahí aparece una pregunta que empieza a recorrer gran parte del país mientras se acerca el invierno.
Quién puede realmente soportar el costo completo de vivir en un contexto donde calefaccionarse vuelve a parecer un lujo.
