El gobierno de Axel Kicillof acusó a la administración de Javier Milei de negarse a otorgar los avales necesarios para acceder a financiamiento de organismos internacionales. Según la Provincia, la decisión paraliza proyectos de infraestructura y forma parte de una estrategia de desfinanciamiento.

La disputa entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. El gobierno bonaerense denunció que la Nación se niega a firmar los avales indispensables para que el distrito pueda acceder a créditos de organismos internacionales destinados a financiar obras de infraestructura ya acordadas.

El planteo fue realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien sostuvo que la negativa del Ministerio de Economía impide avanzar con proyectos vinculados al agua, el saneamiento, las rutas y otras obras consideradas prioritarias para la provincia. Según explicó, se trata de préstamos negociados con organismos multilaterales que únicamente requieren el aval del Estado nacional para concretarse.

Bianco aseguró que la decisión responde a una estrategia política del Gobierno de Javier Milei para restringir los recursos de la provincia de Buenos Aires. «Dejó de llevar adelante mil obras y por eso no nos dan los avales para tomar financiamiento y hacer obras necesarias», afirmó el funcionario, quien remarcó que el nivel de endeudamiento previsto se mantiene dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

Desde la administración de Axel Kicillof sostienen que el conflicto no es nuevo. Recuerdan que la Nación ya eliminó las transferencias discrecionales, frenó programas de inversión y redujo el financiamiento para distintas políticas públicas. En ese contexto, consideran que impedir el acceso a créditos internacionales profundiza las dificultades para sostener la obra pública en el distrito más poblado del país.

El reclamo se produce mientras varias provincias lograron autorización del Gobierno nacional para acceder a financiamiento externo. Según datos difundidos por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, la Casa Rosada otorgó avales por casi 2.000 millones de dólares a otros distritos, mientras Buenos Aires continúa sin recibir ninguna autorización.

La discusión vuelve a poner en evidencia uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Mientras la administración libertaria defiende el ajuste fiscal y la reducción del gasto público, varias provincias advierten que la falta de financiamiento compromete obras esenciales y limita su capacidad de inversión.

Más allá de la disputa política, el conflicto tiene consecuencias concretas. Cuando el acceso al crédito para infraestructura queda condicionado por las diferencias entre gobiernos, las obras se demoran y el impacto termina trasladándose a millones de vecinos que esperan rutas, hospitales, redes de agua o cloacas. En un país con fuertes desigualdades territoriales, esa discusión excede el plano institucional y termina incidiendo directamente en la calidad de vida de la población.