La audiencia de formulación de cargos será el 27 de agosto en la Ciudad Judicial de Neuquén. La Fiscalía de Delitos Económicos investiga presuntas estafas reiteradas vinculadas con operaciones de terrenos y proyectos habitacionales. Para las familias que esperan respuestas, el proceso entra ahora en una etapa decisiva.

Después de más de un año de investigación, la causa que involucra a la conducción anterior de la Cooperativa 127 Hectáreas tendrá finalmente una fecha clave.

La Justicia neuquina fijó para el jueves 27 de agosto, a las 8:30, la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Salas y otros diez integrantes de la excomisión directiva. La audiencia se realizará en la Sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén y estará a cargo del juez de garantías Luciano Hermosilla.

Entre las personas alcanzadas por la investigación también aparecen la exvicepresidenta de la cooperativa, Roxana Huircaman, y la extesorera Beatriz Lebrero.

La acusación estará en manos de la fiscal Rocío Rivero, de la Unidad de Delitos Económicos. Del otro lado estarán las defensas de los investigados y la querella que representa a personas que aseguran haber sido perjudicadas por las operaciones bajo investigación.

La audiencia no significa que los acusados hayan sido declarados culpables.

Es una instancia procesal en la que la Fiscalía debe explicar formalmente qué hechos atribuye a cada persona, cuál es la calificación legal provisoria y qué elementos reunió durante la investigación. A partir de allí, las defensas podrán realizar sus planteos y la causa continuará su recorrido dentro del sistema judicial.

Pero para quienes vienen reclamando desde hace años, la fecha tiene otro significado.

La investigación comenzó a tomar forma pública en mayo de 2025, cuando la Fiscalía realizó diez allanamientos en la sede de la cooperativa y en domicilios vinculados con integrantes de su conducción. Entre ellos estuvo la vivienda de Salas.

El expediente surgió a partir de denuncias relacionadas con operaciones para acceder a terrenos y proyectos de vivienda. Distintas personas afirmaron haber entregado dinero con la expectativa de obtener una solución habitacional que finalmente no se concretó en los términos esperados. La cantidad de presuntos damnificados fue creciendo durante el proceso y las distintas presentaciones judiciales hablan de cientos de personas involucradas.

Ese dato permite entender por qué la causa excede la situación particular de los exdirectivos.

Cuando una cooperativa de vivienda queda bajo sospecha, el problema no se reduce a una disputa contable o administrativa. Detrás aparecen familias que depositaron dinero, proyectos habitacionales inconclusos y personas que, en muchos casos, organizaron durante años sus expectativas alrededor de la posibilidad de acceder a una vivienda o un terreno.

La vivienda tiene una particularidad que ningún expediente debería perder de vista: no es una inversión cualquiera.

Es el lugar donde una familia imagina su futuro.

Por eso las denuncias generaron también repercusiones políticas y administrativas. En febrero de 2025, el Gobierno de Neuquén confirmó que había iniciado una auditoría sobre la cooperativa en medio de los cuestionamientos existentes. En ese contexto, Salas dejó su cargo como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia.

La causa también alcanzó a proyectos específicos, entre ellos La Sirena Unificada y La Meseta, vinculados con los reclamos de personas que habían entregado dinero para acceder a lotes o viviendas. El sindicato docente ATEN, además, impulsó su participación como querellante en una de las líneas de investigación y reclamó respuestas por 44 viviendas destinadas a trabajadores de la educación.

Todo esto convierte a la audiencia del 27 de agosto en algo más que una fecha dentro de un calendario judicial.

Será el momento en que la Fiscalía deberá poner sobre la mesa, con precisión, qué considera probado hasta ahora y qué responsabilidades atribuye individualmente a quienes integraron aquella conducción.

Y esa precisión resulta fundamental.

En una causa de estas características, no alcanza con hablar de una institución cuestionada. La Justicia deberá determinar qué ocurrió, quién tomó cada decisión, qué operaciones fueron realizadas, qué compromisos se asumieron y, eventualmente, qué responsabilidad penal corresponde a cada persona.

El proceso judicial tiene justamente esa función: separar las denuncias de las pruebas y las responsabilidades colectivas de las individuales.

Mientras tanto, las familias continúan esperando.

Esperan que la Justicia determine si existieron delitos, pero también que las instituciones encuentren respuestas para una situación que durante años quedó atrapada entre promesas habitacionales, reclamos administrativos y expedientes judiciales.

La audiencia no resolverá por sí sola el destino de todos esos proyectos.

Tampoco devolverá automáticamente una vivienda ni un terreno.

Pero puede marcar un antes y un después en una investigación que lleva más de un año reuniendo documentación, testimonios y elementos para determinar qué ocurrió dentro de la Cooperativa 127 Hectáreas.

El 27 de agosto, la Justicia tendrá que comenzar a ordenar esa historia.

Y para quienes todavía esperan una respuesta, cada paso judicial importa.