Clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut avanzan con un corte total de prestaciones a afiliados del PAMI, en medio de un reclamo por aranceles que quedaron muy por debajo de los costos. El conflicto, que viene escalando desde principios de año, vuelve a poner en el centro de la discusión la situación de miles de jubilados y el financiamiento de la principal obra social del país.

Hay conflictos que empiezan con una planilla de costos y terminan en una sala de espera.

El enfrentamiento entre las clínicas patagónicas y el PAMI llegó justamente a ese punto.

Prestadores privados de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut decidieron avanzar con una restricción cada vez mayor de las prestaciones para afiliados de la obra social de jubilados y pensionados. Lo que comenzó con cirugías programadas y prácticas ambulatorias pasó luego por las guardias y ahora amenaza con convertirse en un corte general de atención.

La discusión tiene un origen concreto: el valor que PAMI paga por las prestaciones.

Las clínicas sostienen que esos aranceles quedaron muy por detrás de la inflación y de los costos reales de funcionamiento. Según las entidades patagónicas, desde diciembre de 2023 los aranceles aumentaron alrededor de un 130%, mientras que la inflación acumulada en ese período superó ampliamente ese porcentaje. El sector calcula una brecha cercana al 75%.

El problema no es solamente contable.

Una clínica necesita pagar médicos, enfermeros, técnicos, medicamentos, insumos, servicios, mantenimiento y equipamiento. Cuando el precio que recibe por una prestación queda demasiado lejos de esos costos, cada consulta o procedimiento puede convertirse en una pérdida.

Y llega un momento en que la ecuación deja de cerrar.

Los prestadores aseguran que atienden aproximadamente a 300.000 afiliados del PAMI en las cuatro provincias involucradas. Para muchas de esas instituciones, la obra social representa entre el 30% y el 40% de sus ingresos.

Por eso la disputa tiene una dimensión que excede a las clínicas.

Cuando una institución restringe servicios, el problema aparece inmediatamente del otro lado del mostrador: en el jubilado que necesita un turno, en quien espera un estudio, en una familia que acompaña a una persona mayor o en alguien que necesita una intervención que no puede postergarse indefinidamente.

La salud tiene una característica incómoda para cualquier plan de ajuste.

No siempre puede esperar.

El conflicto viene escalando desde hace meses.

En abril, los prestadores patagónicos ya habían suspendido cirugías programadas y anunciado restricciones para consultas, prácticas y procedimientos ambulatorios. Luego levantaron temporalmente algunas medidas después de reunirse con autoridades del PAMI, que ofrecieron aumentos del 1,9% en mayo y otro 1,9% en junio.

Para las clínicas, esos incrementos estuvieron lejos de resolver el problema.

En junio llegó otra escalada: se suspendió la atención por guardia para afiliados del PAMI, aunque las instituciones mantuvieron la atención de urgencias y emergencias.

Ahora el conflicto vuelve a endurecerse.

La palabra “histórico” utilizada para describir la medida no es casual. El enfrentamiento muestra hasta qué punto se deterioró la relación entre el organismo y parte de sus prestadores en una región donde los costos sanitarios pueden ser especialmente elevados y donde las distancias geográficas dificultan reemplazar rápidamente a una institución por otra.

Para un afiliado de una gran ciudad, perder un prestador puede significar buscar otro.

En algunas localidades patagónicas, esa alternativa puede ser mucho más difícil.

Y ahí aparece una cuestión que suele quedar escondida detrás de los números nacionales: el sistema de salud también tiene una dimensión territorial.

No cuesta lo mismo garantizar una prestación en Buenos Aires que hacerlo en una provincia extensa, con localidades alejadas entre sí, menor densidad de población y mayores costos logísticos.

Las propias autoridades del PAMI reconocieron que la Patagonia históricamente tuvo un nomenclador superior al del resto del país y señalaron que el organismo buscó mantener esa diferencia. Al mismo tiempo, sostuvieron que la obra social atraviesa un escenario de estrés presupuestario y que las negociaciones con los prestadores continúan.

Ese es el otro lado del problema.

El PAMI también administra recursos limitados y debe atender a millones de personas en todo el país. Aumentar los aranceles no es una decisión aislada: implica encontrar financiamiento dentro de una institución que tiene que sostener medicamentos, tratamientos, internaciones, médicos de cabecera y una enorme estructura de prestaciones.

Pero administrar un presupuesto no significa solamente mirar cuánto se gasta.

También significa preguntarse qué ocurre cuando se gasta demasiado poco.

Porque un sistema puede mostrar una reducción de costos en una planilla y, al mismo tiempo, generar costos mucho mayores en otro lugar.

Una consulta que no se realiza puede terminar en una enfermedad agravada.

Un estudio que se demora puede retrasar un diagnóstico.

Una cirugía que se posterga puede complicar un tratamiento.

La cuenta puede no aparecer inmediatamente en el presupuesto del PAMI, pero aparece en la vida de las personas.

Ese es quizás el punto más delicado del conflicto.

El debate sobre el financiamiento de la salud suele quedar atrapado entre dos extremos: quienes creen que todo problema se resuelve aumentando el gasto y quienes consideran que cualquier aumento es un desperdicio.

La realidad es bastante menos cómoda.

Hay que gastar bien.

Pero también hay que garantizar que el sistema pueda funcionar.

Y para eso hacen falta aranceles previsibles, contratos claros, auditorías eficientes y mecanismos de actualización que no obliguen a las partes a llegar periódicamente al borde del colapso para volver a sentarse a negociar.

Porque el problema no apareció ayer.

Las clínicas ya habían advertido durante meses sobre el deterioro de los valores y las restricciones. En junio, además, entidades nacionales de prestadores denunciaron un atraso de hasta el 102% en determinados valores y cuestionaron incrementos ofrecidos que consideraban insuficientes.

La discusión, entonces, no parece ser solamente cuánto aumenta PAMI este mes.

Es cómo se sostiene una relación entre el Estado y los prestadores que permita planificar.

Y, sobre todo, cómo se evita que los afiliados queden atrapados en el medio cada vez que esa relación se rompe.

Los jubilados no son una variable de ajuste.

Tampoco las clínicas pueden funcionar indefinidamente a pérdida.

Entre esas dos realidades debería existir una política sanitaria capaz de encontrar un punto de equilibrio.

El Gobierno de Javier Milei llegó al poder con la promesa de ordenar las cuentas públicas y reducir el gasto considerado ineficiente. Esa discusión puede ser legítima. Pero el desafío de cualquier administración consiste también en determinar dónde termina el gasto prescindible y dónde empieza el funcionamiento básico de un servicio que millones de personas necesitan.

En el caso del PAMI, esa frontera es especialmente sensible.

Porque detrás de cada arancel hay una prestación.

Y detrás de cada prestación hay una persona.

Mientras las autoridades y las clínicas vuelven a discutir números, hay miles de afiliados que solamente quieren algo bastante menos abstracto: poder conseguir un turno, hacerse un estudio o entrar a una guardia cuando lo necesitan.

La economía puede esperar una reunión.

La salud, muchas veces, no.