El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de desregulación minera y eliminó programas federales destinados al monitoreo ambiental. El nuevo esquema concentra buena parte de la fiscalización en las autoridades provinciales y reemplaza controles técnicos y territoriales por procedimientos principalmente documentales y digitales.
El avance de la minería suele presentarse en términos de inversiones, exportaciones y generación de empleo. Pero detrás de cada proyecto existe otra pregunta, menos visible y bastante más difícil de responder: quién controla qué ocurre con el territorio cuando una explotación comienza a modificarlo.
El Gobierno de Javier Milei acaba de mover esa discusión.
A través de nuevas resoluciones, la administración nacional profundizó su política de desregulación del sector minero y redujo su participación directa en el monitoreo ambiental. La medida implica, entre otras cosas, la eliminación de programas federales que habían sido creados para fortalecer las capacidades de las provincias en materia de control ambiental.
El primer paso fue la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, que eliminó el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería.
El programa había sido creado en 2022 y tenía como objetivo brindar cooperación técnica y financiera a las provincias. La idea era que las autoridades locales pudieran contar con tecnología, equipamiento y herramientas científicas para controlar los efectos ambientales de la actividad minera.
Su eliminación modifica esa lógica.
El argumento oficial fue que el programa debía ser reemplazado por mecanismos considerados más eficientes. Sin embargo, la resolución no precisa cuáles serían esas nuevas herramientas, qué presupuesto tendrán ni qué estructura técnica asumirá las tareas que anteriormente se desarrollaban mediante ese esquema federal.
El punto no es menor.
La minería puede desarrollarse en territorios provinciales, pero sus impactos ambientales no necesariamente respetan límites administrativos. El agua, los ecosistemas y las actividades productivas de una región forman parte de sistemas mucho más amplios que una frontera política.
Por eso, la existencia de capacidades técnicas para monitorear esos impactos no es un detalle burocrático.
Es una herramienta de prevención.
El nuevo esquema aparece también en otras resoluciones vinculadas con el régimen de inversiones mineras. Las Resoluciones 66/2026 y 68/2026 establecen procedimientos para acceder a beneficios fiscales y contemplan la presentación digital de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por cada provincia.
En ese modelo, Nación deja de tener un papel activo de auditoría territorial.
El control se vuelve principalmente documental.
Las empresas deben presentar la documentación correspondiente y cumplir con determinadas obligaciones vinculadas con la prevención y reparación de daños ambientales. Entre ellas aparecen la contratación de un Seguro Ambiental Obligatorio o la declaración de una cuenta de previsión especial, con determinadas condiciones establecidas por las nuevas normas.
La Dirección Nacional de Inversiones Mineras, además, podrá solicitar la intervención de la Subsecretaría de Ambiente cuando lo considere necesario.
La palabra importante allí es justamente “podrá”.
No se establece como una obligación permanente de control.
Eso cambia el enfoque.
Un sistema de fiscalización basado en inspecciones, mediciones y presencia territorial puede detectar problemas antes de que se conviertan en daños mayores. Un sistema principalmente documental depende, en buena medida, de la información presentada y de la capacidad de las autoridades provinciales para verificarla.
Y ahí aparece una cuestión particularmente sensible para las provincias mineras.
No todas cuentan con los mismos recursos técnicos, económicos y humanos.
La decisión nacional puede presentarse como una transferencia de responsabilidades hacia las jurisdicciones que tienen competencia sobre sus territorios. Pero también puede significar que provincias con capacidades muy diferentes deban enfrentar obligaciones de fiscalización cada vez más importantes.
La autonomía provincial es parte fundamental del sistema federal argentino.
Pero autonomía no debería significar abandono.
Una política ambiental seria necesita que las provincias puedan ejercer sus competencias con recursos, información y equipos adecuados. De lo contrario, la descentralización puede terminar funcionando como una manera elegante de describir un retiro del Estado nacional.
El Gobierno también avanzó sobre otros programas relacionados con la actividad minera. Según la información publicada, fueron desactivados el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, el Plan Nacional de Minería Social y la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
La dirección general de las medidas resulta clara.
Menos programas nacionales.
Menos presencia técnica federal.
Más responsabilidad para las provincias.
Y un esquema de control que pone mayor énfasis en la documentación presentada por las empresas y en las declaraciones de impacto ambiental emitidas localmente.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno busca atraer inversiones mineras y ampliar la explotación de los recursos naturales.
La discusión, entonces, no debería reducirse a minería sí o minería no.
La pregunta más importante es otra: qué condiciones debe tener una minería que pretende desarrollarse durante décadas en un territorio.
Una política de inversiones puede establecer beneficios fiscales y simplificar trámites.
Pero una política de desarrollo también debería preguntarse qué ocurre cuando una explotación termina, cómo se previenen daños, quién controla las condiciones ambientales y quién paga si algo sale mal.
Porque una inversión puede contabilizarse en dólares.
Un impacto ambiental puede durar mucho más.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la necesidad de desarrollar actividades productivas y la obligación de preservar los recursos naturales. Y ese equilibrio requiere controles que sean eficaces, transparentes y técnicamente sólidos.
La reducción de estructuras estatales puede ser presentada como una cuestión de eficiencia.
Pero la eficiencia no consiste simplemente en tener menos funcionarios, menos programas o menos controles.
También consiste en que las instituciones cumplan adecuadamente las tareas que todavía tienen.
En el caso de la minería, esa discusión recién comienza.
El Gobierno apuesta a un Estado más pequeño y a una mayor participación de las provincias.
Ahora deberá demostrar que ese repliegue no significa también un Estado menos capaz de saber qué ocurre sobre el territorio.
Porque cuando se trata de recursos naturales, el costo de descubrir demasiado tarde que un control era insuficiente puede ser bastante más alto que el costo de haberlo realizado a tiempo.
