Las transferencias a la Ciudad de Buenos Aires ordenadas por la Corte Suprema no habrían sido registradas de manera completa como gasto nacional, según un análisis de El Destape, lo que reduciría el superávit informado por la administración de Javier Milei.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta nuevas cuestionamientos sobre la forma en que presenta sus resultados fiscales. Según un análisis basado en planillas presupuestarias nacionales y datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, la Nación habría transferido a CABA unos 676 mil millones de pesos durante el primer semestre de 2026 sin reflejar la totalidad de esos desembolsos en sus balances presupuestarios. Para julio y agosto, la estimación suma otros 250 mil millones.

El origen del conflicto está en un fallo de la Corte Suprema que estableció que la Ciudad debe recibir el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. La Nación mantiene el giro correspondiente al 1,4% mediante la coparticipación habitual y, de acuerdo con el planteo publicado por El Destape, la diferencia del 1,55% se estaría transfiriendo sin registrarla como gasto en las cuentas nacionales.

La magnitud del dinero involucrado modifica la fotografía fiscal. Durante el primer semestre, la Secretaría de Hacienda informó un superávit primario de 7,327 billones de pesos y un superávit financiero de 1,456 billones. Si se descuentan las transferencias a CABA señaladas en el análisis, esos resultados caerían a aproximadamente 6,7 billones y 790 mil millones de pesos, respectivamente.

La diferencia resulta especialmente relevante porque el superávit financiero es uno de los principales argumentos económicos de la administración libertaria. El equilibrio de las cuentas públicas constituye una pieza central del programa de Milei y también una señal observada por los mercados y por el Fondo Monetario Internacional.

El caso tampoco termina en las transferencias a la Ciudad. El artículo plantea que existen otros gastos que no impactarían de manera inmediata en el resultado fiscal bajo la metodología utilizada por el Gobierno, entre ellos determinados intereses capitalizados de instrumentos financieros y ajustes de capital vinculados con bonos CER.

Desde esa perspectiva, el debate no se limita a cuánto dinero se gastó, sino a cómo se contabiliza. Una misma realidad fiscal puede presentar resultados diferentes dependiendo del momento y la metodología con la que se registran los ingresos, los gastos y las obligaciones del Estado.

La discusión sobre las cuentas públicas vuelve así al centro de la escena. El Gobierno sostiene su política económica sobre la disciplina fiscal, pero las diferencias entre los registros nacionales y los ingresos reconocidos por la Ciudad abren interrogantes sobre cuánto refleja el superávit oficial la situación efectiva de las finanzas públicas.