El proyecto enviado por Luis Caputo al Congreso incorpora ventajas impositivas para empresas que construyan o amplíen rutas nacionales, incluso para concesionarias que ya tienen contratos vigentes. El régimen también condiciona esos beneficios a que las provincias adhieran con exenciones propias.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional incorporó un régimen de beneficios fiscales para las empresas privadas encargadas de construir y ampliar rutas nacionales. La medida aparece en el artículo 67 y alcanza tanto a nuevas concesiones como a compañías que ya cuentan con contratos y realicen obras de ampliación.

La incorporación generó cuestionamientos porque las empresas que actualmente tienen concesiones participaron en licitaciones bajo determinadas condiciones, sin contar originalmente con estos incentivos. La discusión gira entonces alrededor de si el nuevo esquema modifica, de hecho, las reglas económicas con las que fueron adjudicados contratos que todavía están vigentes.

Entre los beneficios previstos aparece la posibilidad de realizar una amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias sobre las inversiones destinadas a bienes y obras de infraestructura vial. El proyecto también contempla un mecanismo de reintegro o crédito fiscal por el IVA correspondiente a las operaciones vinculadas con esas obras.

A eso se suma un beneficio sobre el impuesto al Cheque. Las empresas alcanzadas podrían computar el 100% de ese tributo como pago a cuenta de Ganancias, IVA o contribuciones patronales, lo que reduce la carga fiscal efectiva de las inversiones contempladas por el régimen.

Pero el punto que puede generar mayor tensión política está en las provincias. El proyecto las invita a adherir al régimen y a establecer exenciones sobre Ingresos Brutos y el impuesto a los Sellos para los contratos de concesión vial. La adhesión provincial, además, queda establecida como condición para que puedan aplicarse los beneficios fiscales nacionales.

De esta manera, la discusión sobre las rutas deja de ser exclusivamente una cuestión de inversión en infraestructura y pasa a involucrar también la distribución de recursos entre Nación y provincias. Los gobernadores deberán evaluar si resignan parte de su recaudación para que las concesionarias puedan acceder al paquete completo de beneficios.

El Gobierno viene impulsando un modelo en el que la construcción y el mantenimiento de corredores viales tengan una participación cada vez mayor del sector privado. En ese esquema, los incentivos tributarios aparecen como una herramienta para mejorar la ecuación financiera de las concesiones y estimular nuevas inversiones.

La cuestión adquiere especial sensibilidad porque las concesiones viales ya forman parte de una discusión más amplia sobre el papel del Estado en la infraestructura. Mientras el Ejecutivo busca reducir su participación directa y atraer capital privado, persisten interrogantes sobre los controles, las obligaciones de inversión y las condiciones bajo las cuales las empresas administrarán corredores estratégicos para el transporte y el comercio.

El caso de las rutas nacionales 12 y 14 también aparece dentro de este debate. Ambos corredores fueron concesionados a la empresa Cartellone y su adjudicación generó cuestionamientos públicos relacionados con los antecedentes judiciales de la compañía.

Ahora, el foco vuelve a estar en el Presupuesto 2027. El debate legislativo deberá determinar si estos beneficios permanecen tal como fueron incorporados por el Ejecutivo, si reciben modificaciones o si finalmente son rechazados. En paralelo, los gobernadores deberán decidir qué posición adoptar frente a un régimen que vincula incentivos fiscales nacionales con una eventual reducción de impuestos provinciales.