La propia Armada denunció ante la Justicia presuntas maniobras en la liquidación de haberes que alcanzaron a 23 personas. La investigación detectó 645 acreditaciones indebidas entre 2022 y 2026 y busca determinar si detrás de los pagos existió una estructura organizada.

La Armada Argentina quedó en el centro de una investigación judicial por presuntas irregularidades en el pago de haberes de su personal. Una auditoría interna detectó acreditaciones por encima de los montos correspondientes y pagos que, en algunos casos, no tenían respaldo en liquidaciones legítimas. La cifra documentada hasta el momento ronda los $981 millones.

La denuncia fue presentada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la fuerza, después de que una revisión realizada en febrero de 2026 detectara inconsistencias en los salarios. A partir de ese hallazgo se amplió el control sobre liquidaciones de períodos anteriores para determinar el alcance de las maniobras.

Según la presentación judicial, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas. Los pagos incluían montos superiores a los que figuraban en sus respectivas liquidaciones y, en otros casos, transferencias que directamente no tenían una liquidación que las justificara.

La investigación encontró diferencias entre los recibos de sueldo, las liquidaciones elaboradas por el sistema de haberes y los archivos enviados al Banco Nación para realizar los depósitos. También aparecieron duplicaciones, conceptos que no figuraban en los recibos y registros correspondientes a personas cuyo vínculo con la Armada no pudo ser determinado inicialmente.

El caso comenzó a tomar forma cuando cinco agentes del Departamento Revista recibieron suplementos que no les correspondían. Esas personas restituyeron las sumas cobradas y el episodio llevó a profundizar los controles sobre la información utilizada para confeccionar los pagos.

La documentación incorporada a la causa señala que algunos archivos originalmente generados por el sistema de haberes habrían sido modificados antes de ser enviados para su acreditación bancaria. En esas modificaciones aparecían importes adicionales a favor de determinadas personas o pagos que no coincidían con las liquidaciones oficiales.

La investigación judicial deberá establecer ahora si se trató de errores administrativos, fallas de control o una maniobra deliberada. También deberá determinar quiénes participaron, durante cuánto tiempo se realizaron los pagos y cuál fue finalmente el perjuicio económico para el Estado.

El monto podría ser mayor al registrado inicialmente. Distintas publicaciones señalaron que la investigación analiza cifras superiores a los $1.000 millones y que podrían superar los $1.600 millones, aunque ese último monto todavía no forma parte de la cifra oficialmente documentada en la denuncia judicial.

La causa quedó así instalada como un nuevo problema para la conducción de la Armada, que fue la propia institución que llevó las irregularidades ante la Justicia. Mientras avanza la investigación, el punto central será reconstruir cómo funcionaba el circuito de liquidación y cómo pudieron modificarse los registros antes de que los fondos llegaran a las cuentas bancarias.

El expediente también vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control sobre los recursos destinados a las Fuerzas Armadas. En este caso, la investigación comenzó dentro de la propia estructura administrativa, pero será la Justicia la encargada de determinar si existieron responsabilidades penales y cuál fue el verdadero alcance de los pagos denunciados.