El presidente de Colombia cuestionó el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz y sostuvo que los recursos deben dirigirse hacia la justicia ordinaria. El titular de la JEP, Alejandro Ramelli, había advertido sobre el impacto que tendría la reducción y pidió atención internacional.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, defendió el recorte presupuestario previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y rechazó que la medida forme parte de una política de presión o represalia contra el tribunal creado tras el acuerdo de paz con las FARC.

La discusión se produjo después de que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, expresara públicamente su preocupación por la reducción de fondos prevista para 2027. El magistrado sostuvo que la medida podría afectar el funcionamiento del tribunal y recurrió a organismos internacionales para plantear sus advertencias.

De la Espriella respondió que la decisión responde a una cuestión presupuestaria. Según las cifras presentadas por el mandatario, la JEP recibió más de tres billones de pesos colombianos desde 2018. Para 2027 había solicitado 947.642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla 821.803 millones, una diferencia de 125.839 millones.

El presidente sostuvo que el dinero disponible debe ser destinado de acuerdo con las prioridades del Estado y planteó que la justicia ordinaria necesita mayores recursos debido a la cantidad de procesos pendientes y a sus problemas de infraestructura y funcionamiento.

La posición del Gobierno choca con la interpretación de las autoridades de la JEP. Ramelli considera que la reducción presupuestaria puede comprometer tareas esenciales del tribunal, entre ellas la realización de audiencias y los mecanismos de protección destinados a víctimas, testigos y personas que participan de los procesos.

La disputa no se limita al presupuesto. En paralelo, sectores oficialistas impulsan modificaciones que buscan trasladar parte de las competencias de la JEP hacia la justicia ordinaria o revisar el tratamiento de determinados procesos relacionados con integrantes de las Fuerzas Armadas. Estas iniciativas forman parte de una discusión más amplia sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia.

La JEP nació a partir del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las entonces FARC. Su función consiste en investigar y juzgar los principales crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo hechos atribuidos tanto a integrantes de la antigua guerrilla como a miembros de las fuerzas de seguridad.

En los últimos años, el tribunal comenzó a dictar sus primeras condenas. Entre ellas estuvieron decisiones contra antiguos integrantes de la cúpula de las FARC por secuestros y contra militares retirados por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Las sanciones incluyen medidas restaurativas y restricciones a la movilidad para quienes reconocieron su responsabilidad y aportaron información a los procesos.

El conflicto institucional llegó también al plano internacional. Ramelli comunicó sus preocupaciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial, a países garantes del acuerdo de paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

De la Espriella rechazó que esas acciones puedan interpretarse como una señal de que Colombia esté incumpliendo sus compromisos internacionales. Para el Gobierno, el debate debe concentrarse en la distribución de los recursos públicos y en el funcionamiento de las instituciones judiciales.

La discusión deja planteado uno de los debates centrales de la etapa posterior al conflicto armado: cómo sostener una justicia transicional con recursos suficientes y, al mismo tiempo, cómo garantizar que el sistema judicial ordinario pueda responder a sus propias demandas. El presupuesto, en este caso, se convirtió en el escenario donde chocan dos miradas diferentes sobre las prioridades de la Justicia colombiana.