La Libertad Avanza presentó a sus aliados una propuesta para convertir en permanente buena parte del esquema de emergencia en discapacidad, mientras las comisiones de Diputados se preparan para discutir la continuidad de la norma. El giro llegó después de las diferencias generadas por el Presupuesto 2027.

La discusión por las políticas de discapacidad ingresó en una nueva etapa en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza presentó ante los bloques aliados un proyecto propio que busca reemplazar la lógica de emergencia por un esquema permanente, en medio de las diferencias que generó el capítulo de discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027.

La propuesta fue presentada durante una reunión encabezada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, junto con representantes de distintos bloques que suelen acompañar iniciativas del oficialismo. El encuentro se realizó un día antes del plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, donde se discutirían distintas alternativas para el sector.

El texto oficialista plantea incorporar de manera permanente al marco legal varios de los mecanismos que actualmente forman parte de la emergencia. Entre ellos aparecen la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales, la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización, además del acceso a cobertura de salud para quienes reciben ese beneficio.

Otro de los puntos centrales es el Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas. El proyecto sostiene la universalidad del sistema y establece que los aranceles deberán contar con mecanismos de actualización. También contempla que las personas que reciben una pensión puedan trabajar y propone beneficios impositivos para los empleadores que las incorporen de manera permanente.

La iniciativa también incorpora una cuestión que generó fuertes reclamos durante los últimos meses: las deudas con los prestadores. El borrador establece que el derecho al cobro de las compensaciones pendientes se mantiene y que los pagos deberán realizarse de acuerdo con un cronograma establecido.

El cambio de estrategia se produjo después de que el proyecto de Presupuesto 2027 generara cuestionamientos entre sectores aliados y de la oposición. La versión original incluía modificaciones sobre distintos aspectos de la legislación vigente, entre ellos el nomenclador y los mecanismos vinculados con el acceso a las pensiones.

En ese contexto también aparecieron diferencias dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich manifestó que no había sido informada sobre los cambios previstos para discapacidad en el Presupuesto, mientras que el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, dejó su cargo alegando razones personales.

Los bloques aliados recibieron de manera favorable algunos de los cambios propuestos, aunque varios plantearon modificaciones al texto. Desde Argentina Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo señalaron que buscarían incorporar garantías vinculadas con las prestaciones, la actualización de aranceles, las partidas presupuestarias y un cronograma de pagos.

Al mismo tiempo, distintos sectores de la oposición avanzan con una alternativa propia para prorrogar la emergencia en discapacidad. La discusión, por lo tanto, no se limita a una diferencia entre dos proyectos, sino que también pone en juego cuál será el mecanismo permanente para financiar y organizar el sistema una vez superado el esquema de emergencia.

La discusión continuará ahora en las comisiones de Diputados, donde deberán definirse los textos que buscarán avanzar hacia el recinto. El debate tendrá como eje la actualización de las prestaciones, el financiamiento, las pensiones, las deudas con los prestadores y las garantías para las personas con discapacidad, mientras el Congreso intenta establecer qué marco regirá durante los próximos años.