La interrupción del suministro de Lebocar, que cubría cerca del 65% de la demanda argentina, provocó una escasez que también afecta a las alternativas disponibles. Mientras Bagó intenta aumentar su producción, pacientes y organizaciones reclaman una respuesta urgente y certezas sobre cuándo se normalizará el abastecimiento.

Miles de personas con Parkinson atraviesan semanas de incertidumbre por la dificultad para conseguir uno de los medicamentos centrales para controlar los síntomas de la enfermedad. En las farmacias, la respuesta se repite: no hay stock y todavía no existe una fecha única y segura para la recuperación del suministro. Para quienes dependen de un tratamiento diario, la escasez no es un inconveniente comercial más, sino una amenaza para su rutina y su calidad de vida.

En Argentina hay alrededor de 130.000 personas con Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que puede afectar el movimiento, el equilibrio y otras funciones. Uno de los tratamientos más utilizados combina levodopa y carbidopa, medicamentos que ayudan a controlar los síntomas motores. La continuidad del tratamiento resulta fundamental, por lo que cualquier interrupción debe ser evaluada por profesionales de la salud.

El problema se agravó a fines de septiembre, cuando Pfizer comunicó una interrupción temporal del suministro de Lebocar, su marca de levodopa y carbidopa, debido a demoras en la fabricación. El producto abastecía aproximadamente el 65% de la demanda nacional, por lo que su ausencia provocó un desplazamiento de los pacientes hacia otras presentaciones.

Una de las principales alternativas es Parkinel, producido por el laboratorio argentino Bagó, que cubría cerca del 20% del mercado. El aumento repentino de la demanda también dificultó su disponibilidad. Aunque la empresa informó que está reforzando la producción y trabaja con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ampliar la fabricación de manera inmediata no resulta sencillo.

La situación dejó al descubierto la dependencia de una parte importante del mercado de un único proveedor y las dificultades para reemplazar rápidamente su volumen de producción. Cuando una compañía concentra una porción tan grande del suministro de un medicamento esencial, una interrupción en su cadena de fabricación puede repercutir en miles de tratamientos al mismo tiempo.

Desde Bagó señalaron que están trabajando para aumentar al máximo su capacidad productiva y acompañar la demanda extraordinaria. Sin embargo, la producción adicional necesita tiempo para convertirse en medicamentos disponibles en las farmacias. Fabricar más unidades no significa que puedan distribuirse de inmediato en todo el país.

Uno de los puntos que más inquieta a los pacientes es la falta de una fecha definitiva para la normalización. Las comunicaciones conocidas hasta el momento mencionaron distintos plazos. Pfizer informó a la autoridad sanitaria que espera regularizar el abastecimiento hacia marzo de 2027, aunque durante reuniones con organismos públicos se mencionaron fechas anteriores para la liberación de nuevos lotes.

La diferencia entre esas previsiones generó reclamos de la Red Argentina de Parkinson, que pidió información oficial clara y por escrito. Para las personas que necesitan tomar la medicación de forma cotidiana, una estimación incierta dificulta organizar consultas, coordinar con las farmacias y planificar la continuidad del tratamiento junto con sus médicos.

La organización mantuvo reuniones con representantes del Ministerio de Salud de la Nación, la ANMAT y Bagó para conocer las medidas previstas. Tras esos encuentros, resolvió postergar temporalmente posibles acciones de reclamo hasta fines de noviembre, a la espera de avances concretos. No obstante, insistió en la necesidad de contar con información precisa sobre el stock disponible y los plazos para recuperar el suministro.

El conflicto también abrió una discusión sobre el papel del Estado ante la interrupción de un medicamento esencial. Ramiro Huber, especialista en medicina familiar, magíster en Salud Pública y exviceministro de Salud de Santa Fe, sostuvo que las autoridades deberían evaluar alternativas para evitar que los pacientes queden sujetos exclusivamente a la capacidad de respuesta de los laboratorios privados.

Entre las opciones que planteó se encuentran una compra internacional, la adquisición de productos disponibles en países vecinos o la compra del principio activo para evaluar su fabricación en laboratorios públicos. Según su perspectiva, esas herramientas permitirían explorar caminos complementarios mientras se recupera la producción habitual.

Huber también señaló la posibilidad de involucrar al Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, una empresa pública provincial con experiencia en la elaboración de medicamentos. La ministra de Salud santafesina, Silvia Ciancio, se comprometió a consultar con sus responsables técnicos para analizar si existe capacidad de intervenir en una eventual respuesta a la escasez.

La propuesta todavía requiere una evaluación técnica y sanitaria. La elaboración de medicamentos no depende solamente de disponer del principio activo: también exige cumplir condiciones de calidad, contar con instalaciones adecuadas y atravesar los procedimientos regulatorios correspondientes. Por eso, cualquier alternativa debe analizarse con rapidez, pero sin perder de vista las garantías necesarias para los pacientes.

La responsabilidad de garantizar el acceso no se agota, sin embargo, en aumentar la producción. También implica contar con mecanismos de alerta temprana cuando un proveedor prevé dificultades, disponer de información transparente sobre las existencias y coordinar acciones entre las autoridades nacionales, las provincias, los laboratorios y las organizaciones de pacientes.

El caso expone una vulnerabilidad que puede repetirse en otros segmentos del sistema sanitario: la concentración de la oferta de productos esenciales y la falta de sustitutos disponibles en cantidades suficientes. Cuando la respuesta depende de una sola cadena de fabricación, las demoras industriales pueden convertirse rápidamente en un problema de salud pública.

En ese contexto, la preocupación de los pacientes no se limita a la posibilidad de encontrar una caja en una farmacia. También está vinculada con la incertidumbre sobre cuánto durará el problema y con la necesidad de recibir información confiable para tomar decisiones junto con sus profesionales tratantes.

Las personas que no consiguen su medicación deben comunicarse con su médico para evaluar cómo mantener la continuidad del tratamiento. No es recomendable modificar las dosis, suspender el medicamento ni reemplazarlo por otra presentación sin indicación profesional. Ante la escasez, la orientación médica es indispensable para evaluar cada situación de manera individual.

Bagó habilitó su Servicio de Orientación Integral para consultas relacionadas con la disponibilidad de sus productos, a través de su sitio oficial y del teléfono 0800-666-2454, de lunes a viernes, entre las 9.30 y las 17.30.

La crisis sigue abierta y su resolución dependerá de que los compromisos anunciados se traduzcan en medicamentos efectivamente disponibles. Mientras los laboratorios intentan ampliar la oferta, las autoridades sanitarias enfrentan el desafío de coordinar una respuesta que no deje a los pacientes librados a la incertidumbre.

Detrás de las cifras de mercado y de los calendarios de fabricación hay personas que necesitan sostener su tratamiento todos los días. Garantizar ese acceso exige algo más que esperar a que se normalice la producción: requiere información clara, coordinación institucional y medidas capaces de responder a tiempo cuando un medicamento indispensable deja de estar al alcance de quienes lo necesitan.