Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron nuevas declaraciones indagatorias en la causa que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación apunta a 15 droguerías, presuntos sobreprecios y una estructura que habría permitido a empresas privadas controlar decisiones de un organismo público.

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con el pedido de 43 declaraciones indagatorias impulsado por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. El foco está puesto en la droguería Suizo Argentina, cuyos principales directivos son señalados por la fiscalía como parte central de una presunta estructura de direccionamiento de compras de medicamentos y cobro de sobreprecios.

El pedido, presentado el 21 de octubre de 2026, alcanza a empresarios, responsables de droguerías y exfuncionarios vinculados con el organismo durante la gestión de Javier Milei. La hipótesis de los investigadores es que un conjunto de 15 empresas habría coordinado sus operaciones para influir en las contrataciones estatales y obtener beneficios económicos a partir de la compra de medicamentos de alto costo.

Entre los principales señalados se encuentran Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, y su hermano Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de la firma. Los fiscales les atribuyen presuntos roles de conducción y participación en una asociación ilícita, una acusación que deberá avanzar en el ámbito judicial y que no equivale a una condena.

La presentación también apunta a otros cuatro directivos de la compañía y solicita ampliar las indagatorias de Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la ANDIS; Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud; el empresario Miguel Ángel Calvete; el operador Pablo Atchabahian y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de la droguería Génesis, entre otros involucrados.

El eje de la acusación es que Suizo Argentina habría conseguido una influencia determinante sobre el funcionamiento de la agencia entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Según los fiscales, la firma habría tenido acceso anticipado a información sobre las compras, intervenido en la definición de precios y condicionado qué proveedores podían cobrar y cuáles quedaban relegados.

La investigación sostiene que esa influencia no se habría limitado a las decisiones comerciales. También habría alcanzado cuestiones internas del organismo, como la designación y salida de funcionarios. Para la fiscalía, la presunta operatoria permitió poner decisiones públicas al servicio de intereses privados, en un área cuya responsabilidad central es garantizar prestaciones y medicamentos a personas con discapacidad y pacientes que requieren tratamientos complejos.

Las cifras incorporadas al expediente permiten dimensionar la importancia económica del caso. De acuerdo con los investigadores, Suizo Argentina recibió órdenes de compra por unos 137.118 millones de pesos durante el período analizado, cerca del 30% de las erogaciones de la ANDIS. Esa participación la convirtió en una de las principales beneficiarias de los recursos destinados a la adquisición de medicamentos e insumos.

Otro punto bajo investigación es el presunto uso de la droguería Génesis como intermediaria para comercializar productos a la agencia. La fiscalía sostiene que algunos medicamentos habrían sido vendidos con incrementos superiores al 200% y que la firma habría ganado relevancia comercial durante el período examinado.

Los investigadores también analizaron diferencias significativas entre cotizaciones de determinados medicamentos en distintos procedimientos de compra. Según las constancias difundidas sobre el dictamen, algunas ofertas presentaban brechas de precios superiores al 1.000%. Para los fiscales, esas diferencias, junto con la supuesta circulación anticipada de información entre proveedores, constituyen indicios que deben ser examinados para determinar si existió una coordinación ilegal.

El mecanismo de contratación ocupa un lugar central en la causa. La investigación puso el foco en las denominadas compulsas reducidas, procedimientos en los que el organismo invita a un grupo limitado de empresas a presentar cotizaciones. Según la hipótesis fiscal, ese sistema habría sido utilizado para favorecer a determinados proveedores y limitar la competencia.

La lista de compañías investigadas incluye, además de Suizo Argentina y Génesis, a Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Luley, Droguería Meta, Ultra Pharma, Droguería del Sud, Droguería Disval, Hemipharm, Medipharma y Scienza Argentina. La Justicia deberá establecer el grado de participación que habría tenido cada empresa y si las relaciones comerciales observadas respondían a acuerdos ilegales.

El expediente también incorpora presuntos pagos indebidos al exdirector de la agencia. Según la fiscalía, Calvete habría entregado dinero a Spagnuolo y financiado un viaje que el exfuncionario realizó a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024. La acusación sostiene que el empresario habría cubierto pasajes y alojamiento como parte de una supuesta devolución de favores políticos.

Estos hechos se suman a las sospechas que dieron origen a la investigación, iniciada después de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los que se hablaba de presuntos cobros ilegales dentro del organismo. Sin embargo, los fiscales no utilizaron esas grabaciones como prueba central del nuevo dictamen: su presentación se apoya en otras evidencias reunidas durante la pesquisa, entre ellas documentación comercial y elementos obtenidos en medidas judiciales.

La causa también reabre interrogantes sobre los controles de las compras públicas y la capacidad del Estado para evitar que los recursos destinados a políticas sociales queden sometidos a intereses empresariales. En un área vinculada con prestaciones esenciales, las irregularidades no se reducen a una discusión contable: si se confirman sobreprecios o mecanismos de direccionamiento, el impacto puede alcanzar tanto a las finanzas públicas como a la disponibilidad de recursos para quienes necesitan esos tratamientos.

El contraste es especialmente delicado porque la ANDIS administra políticas destinadas a personas que suelen enfrentar barreras económicas, sanitarias y sociales. El dinero utilizado para comprar medicamentos debe responder a necesidades concretas y estar sujeto a mecanismos de transparencia, competencia y control. Por eso, esclarecer cómo se tomaron las decisiones y quiénes se beneficiaron resulta central para determinar las responsabilidades que correspondan.

Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá resolver si hace lugar a los pedidos de indagatoria. La convocatoria permitiría que los señalados conozcan formalmente las acusaciones y ejerzan su derecho a defenderse. La investigación todavía debe establecer las responsabilidades individuales y avanzar conforme a las garantías del proceso judicial.

El nuevo capítulo de la causa ANDIS vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre las empresas proveedoras y los organismos públicos. La cuestión de fondo no es solamente cuánto dinero se habría pagado por determinados medicamentos, sino quién tomó las decisiones, con qué controles y en beneficio de quién. Las respuestas serán fundamentales para determinar si hubo una estructura ilegal y para recuperar la confianza en una institución cuya función es atender necesidades que no pueden quedar subordinadas a negocios privados.