El tratamiento de la ley de hidrocarburos a la que apuesta un sector del gobierno para estimular inversiones petroleras tuvo un comienzo accidentado en el Senado.

El secretario de Energía, Darío Martinez, presentó el proyecto en la Comisión de Energía y pudo medir con claridad la resistencia de las principales provincias petroleras, expresada por el rionegrino Alberto Wereltilneck y la neuquina Lucila Crexell.

Weretilneck, que se ha convertido en un jugador clave del Senado para facilitar o complicar el quórum, cuestionó que haya beneficios distintos para las empresas que operan yacimientos de shale y las que lo hacen en convencionales. Y subrayó que el texto no especifica nada sobre las empresas que producen en Vaca Muerta. 

Pero la crítica central apunta al artículo 41 que deja afuera a las provincias de la definición de beneficios. «la ley tiene un sentido unitario», afirmó el rionegrino y advirtió que «no se debe dejar en manos de la Secretaría de Energía la decisión de si el petróleo exportable es de una u otra cuenca». 

No se debe dejar en manos de la Secretaría de Energía la decisión de definir si el petróleo exportable es de una u otra cuenca. La ley tiene un sentido unitario.

Cuestionó además que se busque instrumentar un régimen de dos décadas: «Plantear un horizonte de 20 años en esta actividad no tiene en consideración que el país va a cambiar en ese lapso», opinó.

Por su parte, Crexell cuestionó los artículos 8 y 74 del proyecto que premian a las firmas que abastecen la mayor cuota del mercado local. «Esta norma respondería a una suerte de salvataje a la empresa de capitales mixtos públicos y privados», sostuvo en obvia referencia a YPF.

Según la legisladora la línea base fijada en los últimos doce meses castiga a los productores que más incrementaron su producción durante 2021.