Especialistas del Observatorio de Tierras alertaron que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras podría representar el mayor cambio en materia de propiedad rural desde la sanción de la norma en 2011. Según los investigadores, la iniciativa eliminaría los principales límites vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros y permitiría ampliar significativamente la superficie bajo control de capitales privados del exterior.

De acuerdo con el informe presentado por el Observatorio, actualmente existen más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, una superficie equivalente a toda la provincia de Santa Fe. Los investigadores sostienen que, si se aprueba la reforma sin modificaciones, esa cifra podría triplicarse al desaparecer los topes establecidos por la legislación vigente.

La Ley 26.737 fija actualmente un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones para una misma nacionalidad y para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de frontera o que contengan cuerpos de agua estratégicos. El proyecto oficial propone eliminar gran parte de esas limitaciones, manteniendo únicamente restricciones para Estados extranjeros y empresas estatales.

Los especialistas también señalaron que existen departamentos donde la participación de propietarios extranjeros ya supera ampliamente los límites previstos por la ley. Entre ellos mencionaron casos en Neuquén, Salta, La Rioja y otras provincias cordilleranas, además de sectores ubicados sobre la cuenca del río Paraná y áreas con importantes reservas de agua, minerales e hidrocarburos.

Otro de los aspectos cuestionados es la derogación del régimen especial que protege las tierras ubicadas en zonas de frontera. Según el Observatorio, la modificación permitiría que personas o empresas extranjeras adquieran inmuebles en áreas consideradas estratégicas desde el punto de vista geopolítico y de los recursos naturales.

Los investigadores sostienen que la discusión sobre la Ley de Tierras no puede analizarse de manera aislada y la vinculan con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno relacionadas con inversiones, recursos naturales y explotación de bienes estratégicos. A su entender, el conjunto de estas reformas podría modificar profundamente el régimen de propiedad y administración del territorio argentino.