En el contexto del Paro provincial del 1 de Agosto, lxs docentes se pronuncian contra los ataques a su labor y al Nivel Inicial, y demandan medidas de protección y justicia en casos de acoso y difamación.

En respuesta a la difícil situación que enfrentan lxs trabajadores de la educación, en el marco del Paro provincial del 1 de Agosto, el cual busca poner fin a los ataques dirigidos a los docentes y al Nivel Inicial, se han comunicado varios posicionamientos y exigencias.

En primer lugar, formalizan su respaldo y acompañamiento a cada compañerx que haya sido denunciadx y a sus familias. Se encuentran en contacto con ellxs para asegurarse de que se les garantice el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, hasta que un juicio determine su culpabilidad.

En particular, expresan su apoyo a la petición de la Defensa del compañero Walter Herrera para que sea ratificada la medida de Prisión Domiciliaria, considerando que le corresponde por derecho y que ha sido dictada por el Tribunal de Impugnación.

Además, anuncian la creación de un equipo técnico legal que asesorará a lxs crxs en la etapa inicial y colaborará con las defensas que se estén llevando a cabo. Asimismo, impulsarán todas las instancias judiciales necesarias frente a actos de difamación que deshonren el buen nombre y profesionalismo de compañerxs, tengan o no denuncia, vulnerando el principio de presunción de inocencia.

Por otro lado, exigen al Poder Judicial que intervenga y adopte medidas preventivas y cautelares ante denuncias vinculadas a situaciones vividas en las escuelas y domicilios de lxs docentes y sus familias. Demandan que se investigue a personas identificadas o por identificar en actos que constituyen presuntos delitos de amenazas, intimidaciones, violencia física, psíquica o simbólica.

Asimismo, al Poder Ejecutivo Provincial le exigen medidas de protección y seguridad en las escuelas y domicilios amenazados, la creación de los cargos necesarios para completar las Duplas Pedagógicas faltantes, y la derogación de la Resolución 1638/22 y la finalización del Protocolo o Guía de Intervención sobre denuncias de ASI en las escuelas.

Lxs trabajadores de la educación resaltan que tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo Provincial son responsables de garantizar un marco pacífico y armonioso para resolver conflictos y revalorizar el rol de los docentes en el cuidado de los derechos de las infancias y el fortalecimiento del vínculo docente/familia. En este sentido, instan a la protección y justicia ante situaciones de acoso y difamación que afectan su labor y bienestar.