El gobierno boliviano reconoció oficialmente la muerte de un joven de 24 años durante el operativo policial y militar desplegado para desbloquear rutas en La Paz. La situación agravó la crisis social y política que atraviesa el país desde hace semanas.
Bolivia atraviesa uno de los momentos más tensos desde la llegada de Rodrigo Paz al poder.
Y ahora la crisis ya dejó una víctima fatal reconocida oficialmente.
El gobierno boliviano admitió este 26 de mayo la muerte de un joven de 24 años durante el operativo realizado en Vilaque para imponer un denominado “corredor humanitario” destinado a desbloquear rutas y permitir el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos hacia La Paz.
La víctima fue identificada como Víctor Cruz Quispe.
El informe forense determinó que murió producto de un impacto de bala que provocó un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”, contradiciendo las primeras versiones oficiales que aseguraban que las fuerzas de seguridad no utilizaban armamento letal.
El operativo se desarrolló el sábado 24 de mayo en medio de fuertes enfrentamientos entre fuerzas policiales, militares y manifestantes que mantienen bloqueos desde hace más de veinte días en distintas regiones del país.
Las protestas son impulsadas por sindicatos, organizaciones campesinas, sectores indígenas y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia inmediata de Paz y denuncian exclusión política, inflación y deterioro económico.
La situación generó fuerte impacto político porque inicialmente el Gobierno negó que existieran muertos durante la represión.
Horas después, el propio vocero presidencial José Luis Gálvez tuvo que reconocer el fallecimiento y expresar condolencias públicas a la familia del joven.
Mientras tanto, organismos de derechos humanos, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo reclamaron una investigación independiente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y posibles violaciones a los derechos humanos durante el operativo.
El conflicto ya afecta seriamente el funcionamiento cotidiano de varias ciudades bolivianas.
Existen más de 50 puntos de bloqueo activos en distintos departamentos, con problemas de abastecimiento, largas filas para conseguir combustible y complicaciones en transporte y distribución de alimentos.
El gobierno insiste en que buscará resolver la situación mediante diálogo, aunque al mismo tiempo aumentan las presiones políticas para endurecer medidas de seguridad e incluso avanzar hacia estados de excepción regionales.
La escena deja una imagen bastante delicada para Bolivia.
Un país atravesado por crisis económica, polarización política y conflictos sociales cada vez más intensos.
Y donde la muerte ocurrida en Vilaque amenaza con transformar una protesta prolongada en una crisis todavía más difícil de contener.
