La jueza Servini dictó la falta de mérito para la mayoría de los arrestados tras los disturbios, destacando la necesidad de más pruebas. la causa no criminaliza la protesta, sino que busca apartar a los violentos.

En un giro significativo en la causa por los destrozos ocurridos en las inmediaciones del Congreso Nacional, la jueza federal María Servini ordenó la liberación de 28 de las 33 personas detenidas, mientras que cinco implicados permanecerán en prisión preventiva. Los disturbios tuvieron lugar el miércoles pasado durante el debate de la Ley Bases, un evento que derivó en un escenario de caos y violencia, con vandalismo y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La magistrada destacó que la decisión de liberar a la mayoría de los arrestados no debe interpretarse como un intento de criminalizar la protesta. «El objetivo es garantizar el derecho a manifestarse, separando a aquellos que utilizan la violencia de quienes ejercen su derecho de manera pacífica», expresó Servini. La jueza argumentó que aún falta analizar una gran cantidad de pruebas, lo que demandará más tiempo antes de poder emitir un juicio definitivo sobre cada implicado.

Entre los cinco que permanecerán detenidos, se encuentran Cristian Valiente, quien tenía una granada en su poder y fue acusado de intimidación pública y atentado a la autoridad, y Patricia Calarco Arredondo, procesada por incendio y daño agravado a bienes públicos, además de intimidación. A todos se les impuso un embargo de 500 mil pesos.

Los incidentes se desataron en medio de un clima de tensión y confusión, donde automóviles, bicicletas y tachos de basura fueron incendiados, y las veredas y paredes del Congreso resultaron dañadas. Los manifestantes, muchos de ellos encapuchados, lanzaron objetos y piedras contra la policía, lo que llevó al uso de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes por parte de las fuerzas de seguridad.

Servini señaló que la investigación es compleja y requiere un análisis exhaustivo de las pruebas, incluyendo más de 100 horas de videos de cámaras de seguridad. La jueza resaltó que en muchos casos, los testimonios de los detenidos se contradicen con los informes policiales, y que aún queda por peritar los teléfonos y recabar nuevas filmaciones y testimonios para esclarecer completamente lo sucedido.

El fiscal Carlos Stornelli, encargado de la causa, había solicitado que 14 de los detenidos que fueron liberados el viernes pasado volvieran a prisión, argumentando la gravedad de los delitos imputados, como lesiones, daños, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Sin embargo, la jueza decidió priorizar la necesidad de pruebas adicionales antes de tomar una decisión definitiva.

Entre los liberados se encuentra la familia Ocampo, quienes afirmaron estar vendiendo empanadas en el momento de su detención, y otros individuos que no fueron captados en ningún registro fílmico realizando actos de violencia. Servini hizo un llamado a la población y a los medios para que aporten cualquier material que pueda ayudar a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La jueza subrayó la importancia de garantizar el derecho a la protesta en un sistema democrático, evitando que actos delictivos socaven este derecho fundamental. «Distinguimos entre quienes ejercen su derecho a manifestarse y aquellos que buscan boicotear este proceso con violencia», afirmó. La decisión de liberar a la mayoría de los detenidos mientras se profundiza la investigación busca evitar posibles injusticias y garantizar una respuesta adecuada y proporcional a los hechos ocurridos.

Con la liberación de los 28 implicados, la causa sigue su curso, centrada en identificar y procesar a quienes realmente participaron en los actos de violencia y vandalismo, mientras se mantiene el compromiso de proteger el derecho a la protesta pacífica.