Caputo rechazó asistir a las familias endeudadas y afirmó que cada uno debe asumir sus decisiones

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El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el Gobierno implemente un programa de ayuda para las familias que se endeudaron para comprar alimentos o afrontar gastos cotidianos. El funcionario sostuvo que se trata de acuerdos entre privados y consideró que el Estado no debe intervenir para resolver esas deudas, al tiempo que aseguró que la situación se normalizará con el tiempo.

Durante una entrevista televisiva, Caputo afirmó que el Ejecutivo no analiza ninguna medida de asistencia para los hogares con dificultades para afrontar créditos o consumos realizados con tarjetas. Según explicó, las operaciones fueron pactadas entre entidades financieras y particulares, por lo que el Gobierno no considera apropiado intervenir en esos contratos.

El ministro sostuvo que muchas personas pudieron haberse endeudado por necesidad, mientras que otras lo hicieron convencidas de que el escenario económico cambiaría en los próximos meses. En ese contexto, remarcó que el Estado no puede distinguir los motivos de cada caso y señaló que «cada uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones».

Caputo también reconoció que la mora en los créditos aumentó durante los últimos meses, aunque atribuyó ese fenómeno a la fuerte expansión del financiamiento registrada previamente. A su entender, los bancos ya comenzaron a refinanciar préstamos con tasas más bajas y plazos más largos, un proceso que, según dijo, permitirá reducir gradualmente el nivel de incumplimientos.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente preocupación por el incremento del endeudamiento de los hogares. Diversos indicadores muestran un aumento de la mora en tarjetas de crédito y préstamos personales, impulsado por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para afrontar gastos básicos.

La postura del Gobierno confirma que, al menos por el momento, no habrá programas específicos para asistir a las familias endeudadas. La estrategia oficial continúa centrada en la estabilización macroeconómica y en la expectativa de que la mejora de las condiciones financieras permita reducir progresivamente los niveles de mora sin una intervención directa del Estado.