Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advierte que la población femenina privada de libertad creció casi el doble que la masculina entre 2022 y 2024. El mismo relevamiento expone problemas de atención sanitaria, una elevada proporción de prisión preventiva y muertes vinculadas con enfermedades y suicidios dentro de las cárceles argentinas.

El sistema penitenciario suele aparecer en la agenda pública cuando hay una fuga, un motín o una discusión sobre seguridad. Mucho menos visible es lo que ocurre puertas adentro cuando las personas quedan bajo custodia del Estado y dependen de él para recibir atención médica, tratamiento psicológico y condiciones dignas de alojamiento.

Un informe reciente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) vuelve a poner esa realidad sobre la mesa y muestra una transformación particularmente marcada: el crecimiento de la población femenina encarcelada.

A fines de 2024 había 6.096 mujeres privadas de libertad en Argentina. De ellas, 5.343 estaban alojadas en unidades penitenciarias, 738 en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad federales y 15 en dispositivos de encierro del sistema penal juvenil. Entre 2022 y 2024, la cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó un 28,4%, frente a un crecimiento del 14,6% entre los varones.

La diferencia no es menor.

Significa que la población femenina está creciendo a un ritmo considerablemente mayor dentro de un sistema que ya enfrenta problemas de infraestructura, atención médica y sobrepoblación.

Además, el perfil de los delitos por los que están detenidas las mujeres presenta una característica particular. En 2024, el 36,3% de las mujeres alojadas en unidades penitenciarias estaba detenida por delitos vinculados con estupefacientes, mientras que el 26,7% lo estaba por delitos contra la propiedad. En las dependencias policiales, las drogas también aparecían como la principal categoría.

El dato requiere una mirada que vaya más allá de la estadística.

El propio CNPT advierte que muchas mujeres ocupan los eslabones de mayor vulnerabilidad dentro de las redes vinculadas al comercio ilegal de drogas, con participación en actividades de pequeña escala. Eso permite observar cómo determinadas políticas de persecución penal terminan teniendo un impacto particular sobre sectores con menor poder dentro de esas estructuras.

A la vez, casi la mitad de las mujeres alojadas en unidades penitenciarias se encontraba en prisión preventiva: eran 2.595, equivalentes al 48,6% del total femenino. Entre los varones, la proporción de personas procesadas era del 36,8%.

La prisión preventiva debería ser una medida excepcional. Sin embargo, estos números muestran hasta qué punto el encierro puede comenzar antes de que exista una sentencia firme.

Y cuando el Estado encierra a una persona sin una condena definitiva, también asume una responsabilidad concreta sobre su integridad.

Ahí aparece uno de los aspectos más preocupantes del informe: la salud.

El CNPT detectó dificultades para acceder a medicamentos adecuados, falta de atención ginecológica y obstétrica, problemas para realizar controles periódicos y carencias vinculadas con elementos de gestión menstrual y anticoncepción. También señaló dificultades para garantizar una atención adecuada de la salud mental.

No se trata de cuestiones accesorias.

Una cárcel no suspende el derecho a la salud.

La privación de libertad constituye la pena cuando corresponde legalmente; no debería convertirse además en una condena a recibir una atención sanitaria deficiente.

Los problemas aparecen también en la salud mental. El informe señala falta de profesionales, tratamientos discontinuos y utilización de psicofármacos sin diagnósticos suficientemente precisos. Esa combinación puede profundizar situaciones de ansiedad, angustia y depresión.

El panorama general del sistema penitenciario tampoco resulta alentador.

Entre 2022 y 2024, las muertes bajo custodia aumentaron un 15,3%. El CNPT señala que casi siete de cada diez muertes ocurridas en el ámbito penitenciario tuvieron como causa enfermedades.

En 2024 se registraron 224 muertes en cárceles y alcaidías: 203 por problemas de salud, 13 suicidios, cuatro homicidios y cuatro accidentes. En 2025, los suicidios bajaron a 13, aunque la tasa continuó siendo superior a la registrada en la población general. Cinco de esos casos ocurrieron en sectores de aislamiento.

El dato sobre las enfermedades es especialmente significativo porque permite discutir qué significa realmente la responsabilidad estatal dentro de una cárcel.

Hay enfermedades que pueden tratarse.

Hay diagnósticos que requieren controles.

Hay tratamientos que necesitan continuidad.

Cuando esas herramientas fallan dentro de una institución donde la persona no puede decidir libremente dónde atenderse, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional.

También aparece una cuestión de política pública más amplia.

El crecimiento del encarcelamiento no puede analizarse únicamente desde la lógica de la seguridad. Cada nueva persona privada de libertad implica una obligación adicional para el Estado: alojamiento, alimentación, atención médica, asistencia jurídica y condiciones adecuadas de detención.

Si esas capacidades no crecen al mismo ritmo, la expansión del sistema termina trasladándose a las condiciones de vida de quienes están encerrados.

Y allí el debate sobre seguridad comienza a encontrarse con el debate sobre derechos humanos.

Un Estado democrático tiene la obligación de perseguir los delitos y proteger a la sociedad. Pero también tiene límites respecto de cómo ejerce esa autoridad. La cárcel no puede convertirse en un territorio donde las garantías básicas queden suspendidas.

La situación de las mujeres muestra además que una política penitenciaria uniforme puede producir consecuencias diferentes según quiénes sean las personas encarceladas.

Las mujeres llegan a prisión con necesidades sanitarias específicas y, en muchos casos, con responsabilidades familiares que continúan existiendo pese al encierro. Si además una parte importante está detenida por delitos vinculados con drogas y casi la mitad permanece sin condena firme, la discusión sobre proporcionalidad y eficacia de las políticas criminales resulta inevitable.

La pregunta de fondo no es si el Estado debe combatir el delito.

Debe hacerlo.

La pregunta es qué tipo de sistema penitenciario construye mientras lo hace.

Porque una política de seguridad que aumenta el número de personas encarceladas pero no garantiza atención médica, salud mental y condiciones dignas corre el riesgo de convertir el encierro en algo más que una respuesta judicial.

Los números del CNPT ofrecen una señal incómoda.

La seguridad no termina cuando una persona entra a una cárcel. Allí comienza otra obligación del Estado: garantizar que la privación de libertad no se transforme también en privación de derechos básicos.