Un operativo militar en el departamento del Guaviare dejó al menos ocho integrantes de una disidencia de las FARC muertos, según el balance preliminar del Gobierno colombiano. La operación marca un endurecimiento de la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella frente a los grupos armados que continúan activos en el país.

La guerra interna colombiana vuelve a ocupar el centro de la escena. A pocos días del comienzo del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, una operación militar en el departamento del Guaviare dejó al menos ocho integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de las antiguas FARC, muertos.

El operativo se realizó durante la madrugada del jueves y combinó un ataque aéreo con una intervención posterior de las fuerzas militares en la zona. El balance inicial fue difundido por el propio presidente, que presentó la acción como un golpe contra la estructura vinculada con Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Además de las personas fallecidas, las autoridades informaron el decomiso de armamento y material logístico. El Gobierno colombiano sostuvo que la operación continúa y que las tropas avanzan para consolidar el control del territorio.

El dato político más importante, sin embargo, está en lo que representa el ataque.

Es el segundo bombardeo de este tipo ordenado desde la llegada de De la Espriella al poder y, según el balance difundido inicialmente, el más letal de su administración hasta ahora. El nuevo presidente asumió con una promesa de endurecer la respuesta frente a los grupos armados ilegales y al crimen organizado, en contraste con la estrategia de negociación que había impulsado su antecesor, Gustavo Petro.

El cambio de orientación es profundo.

Durante el gobierno de Petro, la llamada política de “paz total” buscó abrir canales de diálogo con distintas organizaciones armadas. El objetivo era reducir la violencia mediante negociaciones simultáneas. Sin embargo, los avances fueron limitados y varias regiones continuaron atravesadas por disputas territoriales, narcotráfico, extorsiones y enfrentamientos entre grupos armados.

El nuevo Gobierno interpreta ese escenario de otra manera.

Para De la Espriella, recuperar el control territorial requiere aumentar la presión militar y policial sobre las organizaciones que no abandonaron las armas. La operación del Guaviare funciona como una primera demostración de esa estrategia.

Pero Colombia ya conoce los riesgos de una política de seguridad basada casi exclusivamente en la fuerza.

El país lleva décadas intentando cerrar un conflicto armado que dejó millones de víctimas y que, pese al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, no desapareció por completo. Algunas estructuras rechazaron el acuerdo y continuaron operando. Otras surgieron posteriormente de fragmentaciones y disputas por territorios y economías ilegales.

El resultado es un mapa mucho más complejo que el de los años más intensos del conflicto.

Ya no existe una única organización insurgente con capacidad de controlar amplias zonas del país. Existen distintos grupos, alianzas cambiantes y disputas por corredores estratégicos, especialmente en regiones donde confluyen economías ilegales y fronteras difíciles de controlar.

El Guaviare es una de esas zonas.

Su ubicación en el sur del país y su extensa geografía selvática lo convierten en un territorio especialmente complejo para las fuerzas estatales. Allí las comunidades rurales conviven desde hace décadas con la presencia de actores armados y con las consecuencias económicas y sociales de las actividades ilegales.

Por eso, un operativo militar puede producir un resultado inmediato, pero no necesariamente resolver el problema de fondo.

La experiencia colombiana muestra que recuperar un territorio no significa solamente entrar en él con fuerzas de seguridad. También implica garantizar justicia, servicios públicos, infraestructura, oportunidades económicas y protección para las comunidades que viven allí.

Cuando el Estado se retira, otros actores ocupan ese espacio.

Y cuando vuelve únicamente con capacidad militar, existe el riesgo de que la población quede atrapada entre distintos poderes.

La discusión sobre los bombardeos tiene además una dimensión especialmente sensible: la necesidad de verificar quiénes se encontraban efectivamente en los lugares atacados y si hubo víctimas civiles. En agosto, un operativo anterior contra el ELN en el Catatumbo dejó campesinos heridos, según informó entonces la Defensoría del Pueblo.

Por eso, cualquier política de seguridad necesita algo más que resultados militares.

Necesita controles.

Necesita transparencia.

Y necesita rendición de cuentas.

La ofensiva contra los grupos armados puede ser necesaria para proteger a las comunidades y recuperar territorios donde el Estado perdió capacidad de acción. Pero la legitimidad de esa política depende también de que las operaciones respeten el derecho internacional humanitario y de que las autoridades expliquen qué ocurrió en cada caso.

El nuevo Gobierno colombiano parece decidido a cambiar el rumbo.

La pregunta es hasta dónde llegará esa estrategia y qué resultados conseguirá en un país donde las armas ya demostraron durante décadas que pueden matar, desplazar y controlar territorios, pero no construir una paz duradera.

El desafío de Colombia no consiste solamente en derrotar militarmente a quienes continúan armados.

También consiste en evitar que, después de cada operación, vuelva a quedar el mismo vacío.

Porque si una organización cae pero otra ocupa su lugar, el problema no desaparece: cambia de nombre.

El bombardeo del Guaviare muestra que Colombia vuelve a apostar fuerte por la presión militar. Ahora deberá demostrar que esa ofensiva puede traducirse en algo más que bajas y operativos: en un Estado capaz de permanecer en los territorios donde durante décadas la violencia encontró espacio para crecer.