La Cámara Federal de Casación Penal cerró la última vía de revisión de la investigación sobre el acuerdo firmado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión llegó después de que el fiscal Raúl Pleé desistiera del recurso que buscaba revertir el archivo. El expediente no llegará a juicio y el tribunal no examinó el fondo de la denuncia en esta instancia.

La investigación judicial sobre el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la presidencia de Mauricio Macri quedó definitivamente archivada. La Cámara Federal de Casación Penal tuvo por desistido el recurso del Ministerio Público Fiscal que buscaba revisar el cierre de la causa por el préstamo de hasta 57.100 millones de dólares aprobado en 2018.

La decisión se produjo luego de que el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, retirara la queja presentada para intentar revertir las resoluciones anteriores. De esta manera, la Sala IV del tribunal dio por concluida la revisión judicial del expediente, que investigaba posibles irregularidades en la negociación, la contratación y el destino de los fondos.

La denuncia había alcanzado a Macri y a varios exfuncionarios de su administración, entre ellos Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, además de otros integrantes de la conducción económica y monetaria de aquel período. La pesquisa buscaba determinar si se habían cometido delitos contra la administración pública y si el endeudamiento había contribuido a financiar la salida de capitales.

El expediente había sido archivado en febrero de 2026 por el Juzgado Federal N.º 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. En septiembre, la Cámara Federal porteña confirmó esa decisión. Tras el rechazo del recurso fiscal, la acusación acudió en queja ante Casación, pero Pleé decidió desistir de continuar con esa impugnación.

El fiscal fundamentó su decisión en que, después de más de cinco años de investigación, no se había logrado establecer una hipótesis delictiva suficientemente respaldada por las pruebas reunidas. También consideró que no se habían identificado medidas concretas que permitieran modificar lo resuelto en las instancias anteriores.

La precisión jurídica es importante: Casación no realizó una nueva evaluación integral de las pruebas para determinar la responsabilidad penal de los funcionarios. La Sala IV tuvo por desistido el recurso fiscal y, con ello, quedó firme el archivo que ya había sido confirmado por la Cámara Federal.

La investigación se había iniciado para esclarecer si el acuerdo con el FMI se había tramitado de acuerdo con las normas vigentes y si los desembolsos habían sido utilizados para los fines declarados. Entre los aspectos examinados figuraban los procedimientos administrativos de contratación, la intervención de los organismos competentes y el recorrido de las divisas ingresadas al país.

También se buscaba establecer si el préstamo había permitido sostener un proceso de formación de activos externos y salida de capitales que pudiera haber ocasionado un perjuicio para el Estado. La denuncia contemplaba posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.

El acuerdo con el organismo internacional fue uno de los principales acontecimientos económicos del gobierno de Cambiemos. El programa Stand-By se aprobó inicialmente en junio de 2018 por 50.000 millones de dólares y posteriormente se amplió hasta alcanzar los 57.100 millones. De ese monto, se desembolsaron aproximadamente 44.900 millones de dólares antes de que se interrumpieran los giros pendientes.

La operación se negoció en medio de una fuerte inestabilidad cambiaria y dificultades crecientes para acceder al financiamiento internacional. El Gobierno de Macri defendió el acuerdo como una herramienta para recuperar la confianza de los mercados, estabilizar la economía y garantizar la capacidad de pago del país. Sus críticos, en cambio, cuestionaron el volumen del endeudamiento, las condiciones de contratación y el destino de los recursos.

Esas diferencias económicas y políticas formaron parte del contexto de la denuncia, pero no constituyen por sí mismas una prueba de delito. El punto que debía determinar la investigación era si existían conductas concretas que pudieran encuadrarse en figuras penales y atribuirse a funcionarios determinados.

El archivo de la causa significa que no habrá un juicio penal derivado de ese expediente y que la investigación quedó cerrada por las vías procesales utilizadas. No equivale, sin embargo, a una reconstrucción exhaustiva de todas las consecuencias económicas del acuerdo ni elimina el debate público sobre sus resultados, sus costos y las decisiones que llevaron a la Argentina a recurrir al financiamiento del FMI.

La resolución generó cuestionamientos políticos. Martín Sabbatella, exintendente de Morón, criticó el cierre del expediente y apuntó contra Macri, Caputo y Sturzenegger. Sostuvo que la decisión favorecía la impunidad de los responsables del endeudamiento y cuestionó que la investigación terminara sin una instancia de juicio oral.

Sabbatella también vinculó el desenlace judicial con la política económica del actual Gobierno, al señalar que Caputo y Sturzenegger ocupan hoy cargos centrales en la administración de Javier Milei. Sus declaraciones reflejan una lectura política de la resolución, aunque las acusaciones formuladas por dirigentes no sustituyen las conclusiones que puede establecer un tribunal a partir de pruebas.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia sobre los controles institucionales en las decisiones económicas de gran impacto. Los acuerdos de deuda comprometen recursos públicos durante años y condicionan las posibilidades presupuestarias de gobiernos posteriores. Por eso, la transparencia en las negociaciones, la trazabilidad de los fondos y la rendición de cuentas constituyen cuestiones centrales para la confianza pública.

Al mismo tiempo, la responsabilidad penal debe determinarse con criterios jurídicos y evidencia concreta, no únicamente a partir de la controversia política que rodea una decisión económica. El cierre del expediente responde al recorrido procesal de esta investigación y a la decisión fiscal de no sostener el último recurso, mientras que la evaluación política del acuerdo continúa abierta.

El préstamo de 2018 sigue siendo uno de los capítulos más discutidos de la historia económica reciente de la Argentina. Sus efectos sobre la deuda, las reservas, el mercado cambiario y la relación del país con el FMI continúan formando parte del debate nacional.

Con la decisión de Casación, la discusión judicial de esta causa llegó a su fin. La controversia sobre el endeudamiento, en cambio, permanece vigente: qué resultados produjo el acuerdo, cómo condicionó las políticas económicas posteriores y qué mecanismos institucionales deben garantizar que decisiones de semejante magnitud sean transparentes y estén sujetas a controles efectivos.