El juez Ariel Lijo dictó 24 nuevos procesamientos en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS durante el gobierno de Javier Milei. La investigación apunta a compras direccionadas de medicamentos e insumos médicos, concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores y operaciones que habrían servido para ocultar el origen de fondos ilegales.

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con la decisión del juez federal Ariel Lijo de dictar 24 procesamientos en una segunda etapa del expediente conocido como Coimagate. La resolución, de 553 páginas, amplía el alcance de una causa que ya había puesto bajo la lupa las compras de medicamentos y que ahora incorpora contrataciones de insumos médicos y ortopédicos por miles de millones de pesos.

Según los cálculos incorporados a la investigación judicial, las diferencias de precios detectadas en ambos segmentos alcanzan, por ahora, los 7.833 millones de pesos. La cifra surge de sumar los presuntos sobreprecios de medicamentos, estimados en casi 5.985 millones, y los correspondientes a insumos, calculados en alrededor de 1.849 millones. Los investigadores advirtieron que se trata de una estimación parcial, que podría aumentar cuando se analice el conjunto de las operaciones.

La causa busca reconstruir cómo habría funcionado una estructura integrada por funcionarios y agentes del organismo, operadores externos y empresarios proveedores. De acuerdo con la hipótesis judicial, el mecanismo habría permitido influir sobre las licitaciones y las cotizaciones, orientar adjudicaciones hacia determinadas compañías y canalizar posteriormente parte del dinero obtenido mediante operaciones comerciales destinadas a disimular su procedencia.

Entre los principales acusados se encuentra Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente de la ANDIS desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025. El exfuncionario, que había mantenido una relación cercana con el presidente Javier Milei, ya estaba procesado en el primer tramo de la investigación y ahora enfrenta una ampliación de los cargos. También fue alcanzado por la medida Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, mientras que el empresario Miguel Ángel Calvete aparece señalado como uno de los intermediarios entre funcionarios y proveedores.

La investigación también involucra a Pablo Atchabahian, empresarios y representantes de firmas que participaron en las contrataciones. En esta nueva resolución, cinco personas que ya estaban procesadas recibieron una ampliación de sus acusaciones, mientras que otras 19 fueron procesadas por primera vez. Además, el magistrado dictó once faltas de mérito entre las 35 personas cuya situación procesal debía resolver, una decisión que indica que, respecto de ellas, la evidencia reunida todavía no permite adoptar una conclusión definitiva.

El expediente se originó en las denuncias vinculadas con audios atribuidos a Spagnuolo, difundidos en agosto de 2025. En esas grabaciones se mencionaba un supuesto circuito de cobro de sobornos dentro del organismo. La investigación avanzó desde entonces sobre la presunta existencia de pagos ilegales relacionados con las compras públicas y sobre el posible destino de los fondos.

En esta segunda etapa, el foco se amplió a seis categorías de insumos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurología, sillas de ruedas y andadores, y traumatología. Las contrataciones examinadas en esos rubros superaron los 82.881 millones de pesos. Para los investigadores, el volumen económico y la concentración de adjudicaciones constituyen elementos relevantes para determinar si existió competencia real entre los oferentes o si los procedimientos fueron manipulados para favorecer a proveedores previamente seleccionados.

Los datos incorporados al expediente muestran concentraciones significativas en distintos segmentos. En las compras vinculadas con amputaciones, empresas relacionadas con la familia Sagues habrían recibido aproximadamente el 53 por ciento de las adjudicaciones analizadas. En cardiología, Farma Salud habría concentrado cerca del 90 por ciento de los importes adjudicados. En neurología, Neurosalud y Farma Salud habrían reunido conjuntamente alrededor del 90 por ciento de las sumas correspondientes al período examinado desde abril de 2025. En sillas de ruedas y andadores, cuatro proveedores habrían concentrado cerca del 70 por ciento del monto relevado.

La concentración de contratos no demuestra por sí sola la existencia de un delito, pero adquiere relevancia cuando se combina con otras evidencias sobre posibles acuerdos entre oferentes, direccionamiento de compras y diferencias de precios. La Justicia busca establecer si las decisiones administrativas respondieron a necesidades sanitarias y criterios de eficiencia o si fueron utilizadas para beneficiar a determinadas empresas en perjuicio de los recursos públicos.

Las comparaciones de precios incorporadas a la causa exhiben algunas de las diferencias que despertaron las sospechas. En una operación atribuida a Farma Salud, un sistema de válvulas bicaval fue facturado por 425 millones de pesos, mientras que una compra comparable del PAMI registró un valor de 124,2 millones. En otro caso, una endoprótesis aortobílica junto con una endoprótesis ilíaca bifurcada apareció facturada por 369,8 millones, frente a una referencia de 17,85 millones de pesos.

También se examinó la adquisición de una silla de traslado postural facturada por 18 millones de pesos, frente a una alternativa nacional considerada comparable por 945.000 pesos. Las diferencias deberán evaluarse teniendo en cuenta las características técnicas y las condiciones de cada contratación, aunque los valores relevados forman parte de los elementos que sostienen la hipótesis de sobreprecios.

La investigación no se limita a las compras. Otro de sus ejes es el posible circuito de circulación y blanqueo de los fondos. Según la resolución judicial, parte del dinero presuntamente obtenido de manera ilegal habría sido canalizado mediante transferencias, facturación cruzada y operaciones vinculadas con empresas proveedoras. En ese esquema aparecen Alan Pocovi, Sergio Daniel Mastropietro y la firma Baires Fly, relacionada con este último.

Los investigadores analizaron movimientos financieros, comunicaciones y facturas emitidas entre compañías vinculadas con distintos protagonistas del expediente. Entre las operaciones examinadas figuran facturaciones de Baires Fly a empresas relacionadas con proveedores investigados por más de 1.097 millones de pesos. También se incorporaron elementos sobre posibles inversiones en criptoactivos y transferencias entre personas y sociedades.

A partir de esas pruebas, Lijo procesó a Pocovi y Mastropietro por su presunta participación en la asociación ilícita y en maniobras de lavado de activos. El alcance de las responsabilidades individuales deberá continuar bajo revisión judicial, al igual que las acusaciones formuladas contra los demás imputados. Los procesamientos no equivalen a una condena firme y las partes pueden recurrir las decisiones ante la Cámara Federal.

El caso plantea una cuestión especialmente delicada por el destino de las contrataciones investigadas. Los medicamentos, las prótesis, los implantes y los equipos ortopédicos estaban vinculados con prestaciones del programa Incluir Salud, dirigido a atender necesidades sanitarias de personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Una eventual desviación de fondos en ese ámbito no representa solamente un perjuicio económico para el Estado: también puede comprometer recursos destinados a garantizar tratamientos, equipamiento y atención médica.

La causa continúa abierta y todavía restan analizar operaciones que no fueron incluidas en las primeras comparaciones de precios. La revisión de las adjudicaciones, la trazabilidad del dinero y las responsabilidades de funcionarios y empresarios serán determinantes para establecer la dimensión definitiva de la maniobra denunciada.

Mientras avanza el expediente, el desafío institucional consiste en esclarecer los hechos con pruebas verificables, garantizar el derecho de defensa y determinar si hubo una utilización del aparato estatal para favorecer intereses privados. En un organismo encargado de atender necesidades esenciales, la transparencia de las compras públicas y el control de los recursos adquieren una importancia que excede cualquier disputa política: se trata de establecer si el dinero destinado a garantizar derechos terminó convertido en una fuente de beneficios ilegales.