El agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi recibió una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso por el episodio ocurrido en septiembre de 2024 frente al Congreso. El juez Daniel Rafecas también dispuso su inhabilitación para ejercer funciones en las fuerzas de seguridad durante dos años y medio.

La Justicia federal dictó la primera condena contra un integrante de las fuerzas de seguridad por su actuación en los operativos de represión durante las protestas frente al Congreso. El policía Cristian Miguel Rivaldi fue condenado por haber utilizado gas pimienta contra Fabrizia Pegoraro, una niña de diez años, y su madre, Carla Pegoraro, durante una movilización en defensa de los jubilados realizada el 11 de septiembre de 2024.

El fallo fue dictado por el juez federal Daniel Rafecas, quien impuso al agente una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. Además, estableció una inhabilitación especial de dos años y seis meses para ejercer funciones en las fuerzas de seguridad. La condena no implica que el efectivo deba cumplir prisión efectiva.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao, durante un operativo policial para dispersar a los manifestantes. Según quedó acreditado en el proceso, Fabrizia y su madre estaban sentadas en la vía pública cuando Rivaldi dirigió hacia ellas el gas irritante. Ninguna de las dos estaba enfrentándose a los efectivos ni resistiendo una orden de la autoridad.

La niña debió recibir atención médica y fue diagnosticada con conjuntivitis química. Los registros audiovisuales de aquella jornada, los testimonios y la documentación médica formaron parte de las pruebas consideradas durante la investigación.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien sostuvo que el accionar del policía había sido desmedido e injustificado. También señaló que el protocolo de mantenimiento del orden público establece que las fuerzas deben utilizar la mínima fuerza necesaria y prestar especial atención cuando hay niños, personas embarazadas o adultos mayores en el lugar.

Rivaldi, por su parte, negó haber advertido la presencia de la menor y sostuvo que había utilizado el elemento disuasivo en medio de los incidentes. Sin embargo, las imágenes incorporadas a la causa permitieron reconstruir la secuencia y determinar su responsabilidad en el hecho.

La sentencia tiene una dimensión que excede la situación individual del agente. Durante más de dos años, el episodio estuvo atravesado por una fuerte controversia pública y por las explicaciones oficiales sobre lo sucedido. En aquel momento, Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, cuestionó a la madre de la niña por haberla llevado a la movilización y afirmó que la responsabilidad era de quien había expuesto a la menor a una situación de conflicto.

Desde el entorno del Ministerio de Seguridad también se difundieron versiones que intentaban desligar a la fuerza policial de lo ocurrido. La investigación judicial, respaldada por registros audiovisuales y documentación médica, terminó estableciendo la responsabilidad penal de Rivaldi.

El abogado Gregorio Dalbón, representante de Fabrizia y Carla Pegoraro, calificó el fallo como la primera condena por la represión durante el gobierno de Javier Milei y sostuvo que podría haber otras responsabilidades por investigar. También cuestionó el papel de Bullrich y de Alejandra Monteoliva, quien entonces se desempeñaba como segunda de la cartera de Seguridad y actualmente está al frente del ministerio.

Dalbón anticipó que buscará avanzar sobre esas responsabilidades, aunque la condena dictada por Rafecas se refiere específicamente al accionar del policía. Cualquier eventual responsabilidad de otros funcionarios deberá ser determinada en los ámbitos judiciales correspondientes.

El caso se suma a otras investigaciones por actuaciones de efectivos durante las protestas frente al Congreso. Entre ellas aparecen los expedientes vinculados con el disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo y con otros episodios de violencia policial contra manifestantes. Esas causas tienen sus propios recorridos procesales y no deben confundirse con la sentencia contra Rivaldi.

La resolución vuelve a poner en discusión los límites del uso de la fuerza estatal durante las manifestaciones públicas. El mantenimiento del orden no elimina la obligación de respetar los derechos de quienes participan de una protesta ni habilita acciones indiscriminadas contra personas que no representan una amenaza.

La condena establece un precedente judicial en un contexto de reiteradas controversias por los operativos de seguridad desplegados durante las movilizaciones sociales. También deja una señal institucional: las órdenes operativas y los protocolos no eximen a los agentes de responder por sus actos cuando se demuestra que vulneraron la ley.

Para la familia de Fabrizia, el fallo representa el reconocimiento judicial de un episodio que durante años estuvo acompañado por versiones contrapuestas. Para el debate público, abre una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y de las autoridades políticas en el control de las protestas. La garantía de seguridad y el respeto por los derechos ciudadanos no son objetivos incompatibles: forman parte de las obligaciones fundamentales de un Estado democrático.