La administración municipal de Plaza Huincul presentó una denuncia contra Gustavo Suárez, ex intendente, por presunta corrupción en el manejo de recursos públicos destinados a obras no realizadas.
En un golpe contundente contra la corrupción, la administración municipal de Plaza Huincul ha formalizado una denuncia contra Gustavo Suárez, ex intendente, por presunta malversación de fondos públicos. La denuncia, presentada por el abogado Mario Jordán Díaz en la fiscalía de Cutral Co, detalla un faltante de 285 millones de pesos, asignados para proyectos específicos que nunca se concretaron.
El foco de la denuncia se centra en la gestión de Suárez durante su mandato como intendente, especialmente en el último año. Según Jordán Díaz, la acción legal es un cumplimiento del compromiso asumido por el actual intendente Claudio Larraza. Esta denuncia se sustenta en informes de organismos técnicos municipales, los cuales señalan discrepancias financieras en los estados contables.
La fiscalía ahora deberá determinar los cargos pertinentes contra la Administración Pública en función de estas acusaciones. La demora en la presentación se atribuye a la feria judicial y al receso administrativo, así como a la necesidad de realizar constataciones notariales para verificar la no ejecución de las obras para las cuales se asignaron fondos.
Las obras comprometidas incluyen servicios para el Parque Industrial, red de gas en la zona de chacras, refacciones en el Ruca Lighuen, red de gas para el barrio Marcelo Berbel e instalación de cámaras de seguridad. Jordán Díaz subraya que el faltante de fondos destinados a estos proyectos específicos asciende a la alarmante suma de 285 millones de pesos.
Además de presentar la denuncia, el municipio solicita ser parte querellante en la investigación, lo que permitiría su involucramiento activo en el caso, siempre y cuando un juez lo admita. Este paso marca un hito importante en la lucha contra la corrupción en Plaza Huincul, al tiempo que destaca la determinación de las autoridades locales de llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la transparencia en la gestión pública.
