La oposición reunió 121 legisladores y quedó a ocho del mínimo necesario para abrir la sesión que buscaba avanzar contra el decreto de Javier Milei. Mientras el oficialismo consiguió bloquear el debate con el respaldo de aliados y sectores provinciales, miles de personas se movilizaron frente al Congreso para reclamar financiamiento universitario, protección para las personas con discapacidad y respuestas al endeudamiento familiar.

La Cámara de Diputados no logró abrir la sesión especial convocada para el jueves 15 de octubre con el objetivo de debatir el rechazo al DNU 70/2023, una de las principales herramientas normativas del gobierno de Javier Milei. La oposición consiguió reunir a 121 legisladores, pero necesitaba 129 para alcanzar el quórum. La falta de ocho diputados dejó sin tratamiento los proyectos previstos y representó un nuevo capítulo de la disputa parlamentaria por el alcance de las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

La sesión había sido convocada para discutir el decreto de necesidad y urgencia que estableció una amplia desregulación de la economía y modificó numerosas normas. El Senado ya había rechazado el DNU en 2024, pero la Cámara baja todavía debía pronunciarse para completar el procedimiento legislativo correspondiente.

La ausencia de quórum impidió que los diputados debatieran el contenido del decreto. El presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por caída la sesión después de que transcurriera el tiempo reglamentario sin alcanzar el número necesario. De ese modo, la discusión quedó postergada sin que hubiera una votación sobre la derogación.

La estrategia del oficialismo se apoyó en la presencia de sus aliados y en la decisión de distintos bloques de no ocupar sus bancas. La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo y representantes de espacios provinciales. También hubo ausencias de legisladores vinculados con gobernadores que habían sido parte de las negociaciones previas.

El resultado mostró el peso que tienen los acuerdos entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales en el funcionamiento del Congreso. Aunque las demandas territoriales y las posiciones políticas de cada bloque no son idénticas, la decisión de no aportar al quórum terminó favoreciendo al oficialismo, que buscaba evitar una nueva instancia parlamentaria contra el decreto.

La oposición cuestionó esas ausencias y sostuvo que se había impedido discutir asuntos de relevancia institucional y social. Desde el oficialismo, en cambio, la prioridad fue evitar que avanzara el intento de rechazar el DNU y sostener el esquema de reformas promovido desde el inicio de la gestión libertaria.

La convocatoria incluía otros dos temas: iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y una reforma de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad para extender su vigencia hasta fines de 2027. La caída de la sesión dejó esos asuntos sin tratamiento en esa jornada, pese a los reclamos de organizaciones sociales y de sectores afectados por las dificultades económicas y los atrasos en los pagos de prestaciones.

Frente al Congreso, mientras tanto, se desarrolló una nueva Marcha Federal Universitaria. La movilización reunió a estudiantes, docentes, autoridades académicas, sindicatos y organizaciones sociales que exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaron el deterioro de los recursos destinados a la educación pública.

La protesta tuvo alcance nacional, con concentraciones en distintas ciudades del país. En Buenos Aires, las columnas avanzaron hacia la Plaza del Congreso con carteles en defensa de las universidades, reclamos por la actualización de los salarios docentes y consignas contra el DNU. También se expresaron demandas relacionadas con la discapacidad y el costo de vida.

El reclamo universitario se desarrolla en un contexto de conflicto prolongado entre las instituciones educativas y el Gobierno. Las autoridades académicas y los gremios advierten que la pérdida de poder adquisitivo y las restricciones presupuestarias afectan el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, la investigación y las condiciones de trabajo. El Ejecutivo, por su parte, defiende su política de ajuste del gasto público y sostiene que debe ordenar las cuentas estatales.

La jornada estuvo marcada además por episodios de represión policial en las inmediaciones del Congreso. Durante la movilización, efectivos utilizaron camiones hidrantes y gases contra manifestantes en sectores de las avenidas cercanas a la plaza. Se registraron detenciones y personas heridas, en un operativo que generó críticas de dirigentes opositores y de participantes de la marcha.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y pidió que cesara la intervención. Otros legisladores también denunciaron que la respuesta policial agravó la tensión en una jornada que había comenzado con reclamos por vías institucionales y una convocatoria pública.

La actuación de las fuerzas de seguridad volvió a instalar el debate sobre los límites del uso de la fuerza durante las manifestaciones. El Estado tiene la obligación de proteger a las personas y garantizar la circulación, pero también debe resguardar el derecho constitucional a la protesta y asegurar que cualquier intervención policial sea proporcional y esté sujeta a controles.

En paralelo, el oficialismo avanzó con una estrategia legislativa para sostener aspectos del DNU vinculados con la propiedad privada y la legislación sobre tierras rurales. La discusión de un proyecto específico sobre inviolabilidad de la propiedad privada incorporó disposiciones destinadas a restablecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, un punto que había sido modificado por el decreto de 2023.

Ese movimiento formó parte de las negociaciones que precedieron a la sesión fallida. Al ofrecer una vía legislativa para tratar algunos de los puntos más controvertidos, el Gobierno buscó reducir el respaldo a la derogación general del DNU y mantener vigente el resto de sus disposiciones.

Tras el fracaso de la convocatoria opositora, La Libertad Avanza impulsó una sesión para el 21 de octubre, con proyectos propios sobre propiedad privada, discapacidad y otras cuestiones. La nueva fecha trasladó la disputa al terreno de las iniciativas promovidas por el oficialismo, que intentará ordenar el debate bajo un temario diferente.

La jornada dejó dos escenarios simultáneos: un Congreso que no consiguió habilitar el debate sobre uno de los decretos centrales del Gobierno y una calle que volvió a reunir a miles de personas para reclamar respuestas sobre educación, derechos sociales y condiciones de vida. La distancia entre ambos espacios refleja la dificultad para traducir demandas sociales en acuerdos parlamentarios.

La caída de la sesión no resolvió la controversia sobre el DNU 70/23 ni los reclamos que motivaron la convocatoria. El decreto continúa vigente mientras no se complete el procedimiento legislativo para su rechazo, y las demandas universitarias y sociales siguen pendientes de respuestas concretas.

El desenlace también dejó en evidencia que el funcionamiento del Congreso depende tanto de las mayorías que se expresan al votar como de las decisiones previas sobre quiénes se sientan en sus bancas. En una jornada de alta movilización social, la falta de ocho diputados alcanzó para impedir el debate. La discusión sobre las reformas económicas y el financiamiento de los derechos sociales continuará ahora en un escenario donde las negociaciones políticas y la presión pública seguirán disputando espacio.