Alfonso Prat-Gay volvió a cuestionar el alcance del crecimiento petrolero y advirtió que la expansión de los hidrocarburos no se traduce todavía en una mejora generalizada de la actividad. Según su análisis de datos del INDEC, la economía no extractiva permanece por debajo de los niveles de comienzos de 2022, mientras crecen las dudas sobre el impacto del RIGI y la distribución de los beneficios de Vaca Muerta.

El crecimiento de Vaca Muerta se convirtió en una de las principales apuestas económicas de la Argentina. La expansión de la producción petrolera, el aumento de las exportaciones y las inversiones en infraestructura energética alimentan las expectativas de una transformación productiva capaz de generar divisas, empleo y nuevas oportunidades. Sin embargo, una pregunta vuelve a instalarse en el centro del debate: ¿hasta qué punto ese impulso alcanza al resto de la economía?

Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, planteó nuevamente esa discusión a partir de estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según su análisis, mientras la actividad minera y petrolera mantiene un crecimiento anual superior al 9%, el conjunto de los sectores no extractivos continúa estancado y se encuentra por debajo del nivel registrado en enero de 2022.

La diferencia entre ambas trayectorias pone en cuestión la idea de que el crecimiento de un sector estratégico se traduce automáticamente en una mejora para toda la economía. El petróleo puede aumentar su producción y generar más exportaciones sin que ese movimiento se refleje de manera equivalente en el comercio, la industria, la construcción o los servicios.

Los gráficos difundidos por Prat-Gay muestran una divergencia que, de acuerdo con su interpretación, se mantiene desde hace varios años. La actividad vinculada con la extracción de recursos naturales avanzó, mientras que las actividades que dependen del mercado interno y de otros motores productivos no lograron recuperar de manera sostenida el terreno perdido.

El economista también cuestionó que la expansión petrolera pueda atribuirse exclusivamente a las decisiones de la administración de Javier Milei. De acuerdo con sus cálculos, la tendencia de crecimiento anual del sector fue del 9,34% desde el inicio del actual Gobierno, frente al 9,55% registrado durante los dos últimos años de la presidencia de Alberto Fernández.

La diferencia es acotada, pero el planteo tiene implicancias políticas y económicas. Prat-Gay sostiene que el desarrollo de Vaca Muerta es el resultado de un proceso que atravesó distintas administraciones y que, por eso, debería entenderse como una política de Estado más que como un logro atribuible a un solo gobierno.

La continuidad de las inversiones, las obras de infraestructura, la expansión de la producción y la incorporación de tecnología explican parte de ese recorrido. El desafío consiste en sostener el crecimiento y convertirlo en una fuente de desarrollo que no dependa únicamente de la extracción de hidrocarburos.

En ese marco, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) también quedó bajo discusión. El Gobierno presenta el régimen como una herramienta para atraer capitales de gran escala y acelerar proyectos estratégicos. Prat-Gay, en cambio, sostuvo que todavía no se observa un impacto estadísticamente significativo del programa sobre el crecimiento del sector para el que fue diseñado.

Esa afirmación no implica que las inversiones promovidas por el régimen carezcan de efectos ni permite anticipar por sí sola sus resultados futuros. Sí abre un interrogante sobre los plazos y los mecanismos mediante los cuales los incentivos fiscales y regulatorios pueden traducirse en mayor actividad, puestos de trabajo y oportunidades para proveedores locales.

La discusión adquiere especial relevancia en Neuquén, donde Vaca Muerta convive con una actividad económica que se expande alrededor de los hidrocarburos, pero también con demandas de infraestructura, vivienda, servicios públicos y diversificación productiva. El aumento de la producción puede generar ingresos importantes, aunque su impacto territorial depende de cuánto de ese movimiento se transforma en empleo, compras a empresas locales e inversión en bienes y servicios para la población.

El debate sobre el llamado derrame económico no se limita, por lo tanto, a medir cuánto petróleo se extrae. También exige observar cómo se distribuyen los beneficios, qué sectores participan de la cadena de valor y qué capacidades productivas quedan instaladas en las comunidades donde se desarrolla la actividad.

Un segundo gráfico difundido por Prat-Gay introduce otra señal de alerta: la evolución desigual dentro de la propia cadena hidrocarburífera. Según su lectura de los datos del INDEC, la extracción de petróleo muestra un desempeño positivo, mientras que los servicios de apoyo a esa actividad presentan una tendencia descendente desde el inicio de la gestión de Milei.

Esa diferencia importa porque el sector energético no está compuesto únicamente por la producción de crudo. También requiere empresas de servicios, transporte, mantenimiento, equipamiento, logística y otras actividades que conectan la extracción con el resto del entramado productivo. Si algunos eslabones avanzan mientras otros retroceden, el crecimiento puede concentrarse y generar menos efectos indirectos de los esperados.

De todos modos, los indicadores sectoriales deben interpretarse con cuidado. La evolución de una actividad en particular no alcanza para describir por sí sola la situación de todas las empresas vinculadas a los hidrocarburos ni para establecer las causas de cada variación. El análisis requiere considerar períodos, cambios en la composición del sector y otros factores económicos.

La cuestión de fondo es cómo transformar una ventaja energética en una estructura productiva más amplia. La disponibilidad de recursos naturales puede mejorar las exportaciones y aportar divisas, pero no garantiza automáticamente un crecimiento equilibrado. Para que ese potencial se extienda, resultan relevantes la infraestructura, la formación laboral, el acceso al financiamiento, el desarrollo de proveedores y las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan participar.

También importa qué ocurre con los ingresos públicos derivados de la actividad. Las regalías y otros recursos asociados a la producción pueden contribuir a financiar obras, servicios e inversiones estratégicas, aunque su efecto depende de las decisiones presupuestarias y de la capacidad de convertir esos fondos en mejoras duraderas.

El planteo de Prat-Gay vuelve así sobre una discusión central para la economía argentina: la diferencia entre crecer en un sector y desarrollar el conjunto del país. Vaca Muerta puede ser una fuente decisiva de exportaciones y actividad durante los próximos años, pero su relevancia no debería medirse solamente en barriles extraídos o inversiones anunciadas.

El verdadero desafío será determinar si ese impulso logra ampliar las oportunidades laborales, fortalecer a las empresas locales y mejorar las condiciones de vida más allá de los enclaves directamente vinculados con el petróleo. El crecimiento energético abre una oportunidad; convertirla en desarrollo extendido requiere políticas, inversiones y resultados que alcancen a una economía mucho más amplia que la que se mueve alrededor de los pozos.