Un informe internacional elaborado por 146 investigadores advierte que los efectos del calentamiento global sobre la salud avanzan más rápido que las respuestas de los gobiernos. El documento reclama que la Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional coloquen la protección de la vida en el centro de las políticas climáticas.

El cambio climático ya no puede entenderse únicamente como un problema ambiental ni como una amenaza distante. Sus consecuencias se sienten en las temperaturas extremas, las sequías, las inundaciones, la contaminación del aire y la propagación de enfermedades. Frente a ese escenario, un grupo internacional de especialistas reclamó que la crisis climática sea reconocida formalmente como una emergencia sanitaria mundial, con una respuesta coordinada y mayores recursos para proteger a las poblaciones más expuestas.

El pedido surge del décimo informe del proyecto Lancet Countdown sobre salud y cambio climático, elaborado por 146 investigadores de más de 100 instituciones de distintos países, con la participación de especialistas del University College London y la colaboración estratégica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El trabajo analiza 54 indicadores para evaluar cómo el calentamiento global afecta la salud humana y qué tan efectivas resultan las medidas adoptadas para enfrentar sus consecuencias.

La principal conclusión es preocupante: durante la década posterior al Acuerdo de París, los daños asociados al cambio climático aumentaron más rápido que en los diez años anteriores. Aunque hubo avances en energías limpias y en la preparación de los sistemas sanitarios, los investigadores consideran que las respuestas siguen siendo insuficientes frente a la velocidad y la magnitud de los riesgos.

Uno de los indicadores más alarmantes es el impacto del calor extremo. Según el informe, entre 2016 y 2023 se registraron en promedio unas 540.800 muertes anuales relacionadas con las altas temperaturas. Los investigadores estimaron que el 68% de esas muertes estuvo vinculado al calentamiento provocado por la actividad humana. En 2023, el número de fallecimientos asociados al calor alcanzó un récord de aproximadamente 710.000 en todo el mundo.

Las temperaturas elevadas también afectan la capacidad de trabajar, especialmente en actividades que se desarrollan al aire libre, como la agricultura y la construcción. Durante 2025, las pérdidas globales de productividad relacionadas con la exposición al calor fueron estimadas en 1,07 billones de dólares, equivalentes al 0,91% del producto bruto interno mundial.

El impacto, sin embargo, no se distribuye de manera uniforme. Las personas mayores, los niños, quienes padecen enfermedades previas y las comunidades con acceso limitado a servicios sanitarios, agua potable o viviendas adecuadas enfrentan mayores dificultades para protegerse. En las regiones donde una parte importante de la población depende del trabajo al aire libre, las temperaturas extremas también amenazan los ingresos familiares y la seguridad económica.

La crisis hídrica constituye otro de los ejes centrales del informe. Durante 2025, el 51,8% de la superficie terrestre sufrió al menos un mes de sequía extrema. La falta de agua compromete la producción de alimentos, deteriora las condiciones sanitarias y aumenta la vulnerabilidad de comunidades que ya enfrentan dificultades para garantizar el abastecimiento.

Al mismo tiempo, otras regiones experimentan precipitaciones intensas e inundaciones. Estos fenómenos pueden destruir viviendas e infraestructura, contaminar fuentes de agua y favorecer la aparición de enfermedades. El resultado es una combinación de amenazas que pone a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y de los organismos de emergencia.

El informe también advierte sobre los riesgos relacionados con las enfermedades transmitidas por vectores, como los mosquitos. Los cambios en la temperatura y en los patrones de lluvia pueden modificar las áreas donde estos insectos encuentran condiciones favorables para reproducirse, lo que repercute en la distribución de enfermedades como el dengue.

Ante este panorama, los investigadores sostienen que reconocer el cambio climático como una emergencia sanitaria mundial permitiría reforzar la coordinación internacional, mejorar la vigilancia epidemiológica y ampliar los sistemas de alerta temprana. La propuesta busca que la salud deje de ocupar un lugar secundario en las negociaciones climáticas y pase a orientar las decisiones sobre reducción de emisiones, adaptación e inversión pública.

La declaración formal, sin embargo, no se ha producido como resultado de este informe. Se trata de un llamado de los especialistas para que los organismos internacionales y los gobiernos avancen hacia un reconocimiento político y sanitario más amplio de la crisis. Su implementación requeriría decisiones institucionales y mecanismos de cooperación entre países.

El documento también reconoce que existen señales de progreso. En 2025, la inversión mundial en energías limpias alcanzó los 2,1 billones de dólares, una cifra récord que superó ampliamente los recursos destinados a los combustibles fósiles. Además, el crecimiento de las fuentes renovables y la reducción de determinadas emisiones contaminantes contribuyeron a mejorar la calidad del aire y evitar muertes prematuras en distintos países.

Los sistemas sanitarios también comenzaron a incorporar herramientas para enfrentar los riesgos climáticos. Algunos países desarrollaron planes de adaptación, integraron información meteorológica en sus sistemas de vigilancia y ampliaron los mecanismos de alerta ante fenómenos extremos. Estas medidas permiten anticipar olas de calor, organizar respuestas de emergencia y proteger a los sectores más vulnerables.

Pero los avances conviven con una contradicción estructural: los combustibles fósiles todavía representan más del 80% del suministro energético mundial. Su utilización libera gases de efecto invernadero que intensifican el calentamiento global y contaminantes atmosféricos que perjudican directamente la salud. Mientras tanto, numerosas empresas del sector mantienen planes de expansión productiva incompatibles con los objetivos climáticos más ambiciosos.

Los especialistas plantean que la transición energética debe acompañarse de inversiones sostenidas en salud pública, infraestructura y prevención. También reclaman que los países con menos recursos reciban apoyo financiero suficiente para adaptar sus sistemas sanitarios y proteger a sus comunidades, sin profundizar sus dificultades económicas mediante un mayor endeudamiento.

La discusión adquiere especial relevancia para América Latina, una región expuesta a sequías, inundaciones, olas de calor y enfermedades sensibles a las condiciones ambientales. En países como Argentina, los cambios en los patrones de lluvia, las temperaturas extremas y las dificultades de acceso al agua pueden afectar tanto a las grandes ciudades como a las comunidades rurales. La preparación sanitaria, la planificación territorial y la protección de los ecosistemas forman parte de una misma agenda de prevención.

El mensaje del informe es que la crisis climática ya está repercutiendo sobre la salud y que esperar a que sus efectos sean todavía más graves aumentará los costos humanos y económicos. La reducción de emisiones, la adaptación y el fortalecimiento de los sistemas de atención no son objetivos separados: forman parte de una estrategia para evitar enfermedades, proteger vidas y disminuir las desigualdades.

La declaración de una emergencia sanitaria mundial no resolvería por sí sola el problema. Su importancia dependería de las medidas concretas que la acompañen, de los recursos asignados y de la voluntad de los gobiernos para sostener compromisos verificables. El desafío consiste en transformar la advertencia científica en políticas capaces de anticipar los daños y proteger a quienes tienen menos herramientas para enfrentarlos.

La crisis climática ya no es solamente una discusión sobre el futuro del planeta. También es una cuestión de salud pública, justicia social y responsabilidad política. Para los investigadores, reconocer esa dimensión resulta indispensable para que la respuesta internacional esté a la altura de una amenaza que ya afecta la vida cotidiana de millones de personas.