Mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, miles de manifestantes se movilizaron frente al Congreso para rechazar el proyecto impulsado por el oficialismo. Aunque el Gobierno retiró el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, la convocatoria se mantuvo y terminó con una fuerte represión por parte de las fuerzas federales.

Las columnas comenzaron a llegar desde el mediodía. Bajo un cielo gris y una lluvia persistente, organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas fueron ocupando lentamente la Plaza del Congreso. La marcha había perdido uno de los motivos que originalmente la impulsaron —la reforma de la Ley de Tierras fue retirada por falta de votos—, pero no el descontento que alimentó la convocatoria.

La discusión en el Senado continuó con otros artículos de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que también modifica aspectos vinculados a los desalojos, el manejo del fuego y distintos mecanismos de protección de bienes públicos. Para las organizaciones movilizadas, el retiro de un capítulo no alcanzaba para desactivar el rechazo al resto de la iniciativa.

Con el correr de la tarde, el operativo de seguridad comenzó a endurecerse. Efectivos de la Policía Federal avanzaron sobre distintos sectores de la manifestación utilizando gases lacrimógenos, postas de goma y camiones hidrantes para dispersar a quienes permanecían frente al Palacio Legislativo.

La represión se extendió durante varias horas y dejó un saldo de numerosos manifestantes atendidos por irritaciones, golpes y heridas provocadas por el uso de material antidisturbios. Organismos de derechos humanos que monitoreaban la protesta denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza y reclamaron el cese inmediato del operativo.

Desde el Gobierno sostuvieron que el despliegue buscó garantizar el normal funcionamiento del Congreso y preservar el orden público durante la sesión. Las organizaciones convocantes, en cambio, denunciaron que la respuesta oficial volvió a privilegiar la confrontación antes que el diálogo frente a una protesta que, en su mayor parte, se desarrolló de manera pacífica.

La movilización también dejó en evidencia que el conflicto político alrededor del proyecto permanece abierto. La decisión del oficialismo de retirar la reforma de la Ley de Tierras evitó una derrota parlamentaria, pero no alcanzó para desactivar el malestar de sectores que consideran que el resto de la iniciativa mantiene modificaciones con fuerte impacto sobre derechos sociales, ambientales y territoriales.

Mientras dentro del recinto continuaban las negociaciones voto a voto, afuera el clima reflejaba otra discusión. La calle volvió a convertirse en un espacio donde se expresan las tensiones que atraviesan al país: un Gobierno decidido a avanzar con su agenda legislativa y una oposición política, sindical y social que intenta frenar aquellas reformas que considera regresivas.

La sesión terminó demostrando que el retiro de uno de los capítulos más cuestionados no alcanzó para apagar el conflicto. La discusión sobre el alcance de las reformas impulsadas por el oficialismo continúa tanto en el Congreso como fuera de él, donde la protesta volvió a ocupar un lugar central en el escenario político argentino.