El Gobierno avanza con un nuevo fondo de despidos que podría movilizar miles de millones de dólares dentro del sistema financiero. Para sus críticos, la iniciativa impulsada por Luis Caputo no solo modifica el esquema laboral, sino que también reabre una vieja discusión sobre el destino del ahorro vinculado al trabajo.

Detrás de la reforma laboral que impulsa el oficialismo comenzó a tomar forma un mecanismo que ya despierta comparaciones con una de las experiencias más controvertidas de la historia económica reciente.

El nuevo Fondo de Asistencia Laboral busca reemplazar parte del sistema tradicional de indemnizaciones por un esquema en el que las empresas aportarán mensualmente recursos que serán administrados dentro del mercado de capitales.

Según estimaciones privadas, ese instrumento podría concentrar alrededor de 5.000 millones de dólares al año, convirtiéndose en uno de los fondos más grandes del sistema financiero local.

Para el Ministerio de Economía, la iniciativa representa una oportunidad para ampliar el mercado de capitales y generar nuevas fuentes de financiamiento en un contexto donde el Estado sigue buscando dólares y pesos para sostener su programa económico.

La discusión, sin embargo, va mucho más allá de la ingeniería financiera.

Los cuestionamientos apuntan a que parte de esos recursos podrían terminar invertidos en títulos públicos, reproduciendo una lógica conocida: dinero asociado al trabajo utilizado para financiar al propio Estado.

Esa posibilidad hizo reaparecer una palabra que todavía conserva peso político en la memoria argentina: AFJP.

Aunque el nuevo esquema no es previsional, varios sectores advierten que comparte un principio sensible, la transformación de fondos vinculados al empleo en activos administrados por entidades privadas dentro del sistema financiero.

Para el Gobierno, el objetivo es modernizar el régimen laboral y reducir incertidumbre para las empresas al momento de afrontar despidos.

Para sus detractores, en cambio, el proyecto puede abrir una puerta para trasladar riesgos desde el Estado y los empleadores hacia una estructura financiera que históricamente no siempre protegió a quienes aportan.

En un país donde la memoria económica nunca termina de irse del todo, algunas reformas no se discuten solamente por lo que prometen.

También se discuten por lo que recuerdan.