La condena a Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo volvió a encender el debate sobre cómo actúa la Justicia cuando una tragedia se mueve entre la imprudencia, las adicciones y la responsabilidad penal. La sentencia evitó la cárcel efectiva, pero no logró evitar la polémica.

Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el incendio ocurrido en su departamento de Belgrano que terminó con la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.

La decisión judicial sorprendió por la levedad de la pena y dejó una sensación incómoda en una parte de la opinión pública que esperaba una sanción más severa por un hecho que terminó con una vida.

Los jueces entendieron que no existió intención directa de provocar la muerte.

Según los fundamentos del fallo, la conducta de Pettinato fue encuadrada como una imprudencia grave y no como un acto doloso.

Para el tribunal, el incendio ocurrió en un contexto de consumo problemático de sustancias y en medio de una situación que, aunque terminó en tragedia, no pudo probar una voluntad consciente de dañar.

Ese punto fue central para la condena.

En el derecho penal argentino, demostrar la diferencia entre una negligencia y una intención puede cambiar por completo el destino de una sentencia.

Y en este caso, esa interpretación fue la que terminó alejando la posibilidad de una prisión efectiva.

También influyó un elemento que la Justicia tomó como atenuante.

Los magistrados consideraron que Pettinato intentó asistir a la víctima después del incendio y valoraron su cuadro de adicción como parte del contexto que rodeó lo ocurrido.

Para la familia del médico fallecido, en cambio, esos argumentos no alcanzan para justificar una pena que consideran insuficiente frente a la gravedad del desenlace.

La condena en suspenso implica que Pettinato no irá a prisión mientras cumpla determinadas condiciones judiciales.

Entre ellas aparecen la continuidad de tratamientos vinculados a sus consumos problemáticos y el seguimiento por parte de organismos de control penal.

Más allá del expediente, el caso volvió a poner en discusión una pregunta más profunda.

Hasta qué punto la Justicia argentina mide del mismo modo la responsabilidad cuando el acusado pertenece a una figura conocida o cuando la tragedia se mueve en zonas grises donde la ley y la sensibilidad social no siempre coinciden.

Porque a veces una sentencia no solo define una pena.

También deja al descubierto la distancia que puede existir entre lo que resuelve un tribunal y lo que una sociedad siente como justicia.