El Gobierno nacional elaboró un anteproyecto de ley que propone modificar o derogar decenas de normas para profundizar la desregulación de la economía. La iniciativa alcanza a actividades como farmacias, transporte marítimo, mercados financieros, agro, cultura y servicios profesionales, con el objetivo de reducir la intervención estatal, simplificar trámites y ampliar la competencia en distintos sectores.

El texto, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, reúne más de un centenar de artículos y constituye una de las reformas regulatorias más amplias impulsadas por el Gobierno desde el inicio de la gestión. Por el momento se trata de un anteproyecto que aún deberá ser enviado al Congreso para su tratamiento.

Uno de los capítulos más relevantes se centra en el sistema farmacéutico. La iniciativa habilita la venta digital de medicamentos bajo receta mediante recetas electrónicas, autoriza el envío a domicilio y flexibiliza los requisitos para el funcionamiento de las farmacias. También plantea ampliar la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de estos establecimientos.

En materia de transporte, el proyecto propone avanzar en una mayor apertura del cabotaje marítimo, con el objetivo de incrementar la competencia y facilitar la participación de operadores privados. También incorpora cambios destinados a simplificar normas vinculadas con la actividad logística y comercial.

El paquete incluye además modificaciones para el mercado de capitales, los fideicomisos y los sistemas de garantías, buscando agilizar el acceso al financiamiento y reducir exigencias regulatorias para distintas operaciones financieras.

En el sector agropecuario, el anteproyecto plantea eliminar o actualizar diversas normas que regulan la actividad rural y otras vinculadas a economías regionales. También incorpora cambios sobre la actividad vitivinícola y distintos regímenes de promoción productiva.

La propuesta alcanza además a actividades culturales y profesionales, con la derogación o modificación de regulaciones relacionadas con el precio uniforme del libro, el corretaje, la actividad de traductores públicos y otras normas que, según el Ejecutivo, generan costos administrativos y limitan la competencia.

El Gobierno sostiene que el objetivo de la iniciativa es reducir la burocracia, facilitar la digitalización de trámites y promover un marco regulatorio más flexible para estimular la inversión y la actividad económica. El proyecto, sin embargo, anticipa un intenso debate político y sectorial una vez que ingrese formalmente al Congreso, donde deberán analizarse los alcances de cada una de las reformas propuestas.