El Ejecutivo aprobó una nueva reglamentación para la Ley de Fomento Cinematográfico, racionalizando recursos y optimizando el funcionamiento del INCAA.

El Gobierno de Javier Milei ha implementado una reestructuración significativa en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) mediante el Decreto 662/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. La nueva reglamentación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741) busca dotar de previsibilidad y seguridad jurídica al sector, modernizando y optimizando las operaciones del organismo.

Entre los principales cambios, el Gobierno planea racionalizar recursos y reducir aún más la planta de empleados, que ha crecido desproporcionadamente. Según datos oficiales, en el año 2000, el INCAA contaba con aproximadamente 90 empleados, mientras que al inicio de la presente administración, el número ascendía a más de 900. Este aumento ha llevado a que el 42% de los ingresos se destinen a sueldos, en detrimento del objetivo principal del INCAA: el fomento de la actividad cinematográfica.

El Gobierno argumentó que el aumento de tareas no relacionadas y el crecimiento exponencial de la planta de empleados llevaron a que, en 2023, el INCAA requiriera aportes extraordinarios del Tesoro Nacional por aproximadamente $1.900 millones para cubrir gastos operativos, incluyendo eventos como el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y Ventana Sur. Además, el organismo acumuló una deuda de $700 millones con proveedores, que fue transferida al ejercicio 2024, sumando un déficit de ejecución de $2.600 millones.

Para optimizar recursos, se propone modificar el sistema de entrega de subsidios, priorizando la calidad, exhibición y recuperación de fondos otorgados, en lugar de preferencias ideológicas. Los ajustes administrativos también incluyen la derogación de decretos para eficientizar los procesos dentro del INCAA. Los miembros de la Asamblea Federal y del Consejo Asesor desempeñarán sus cargos ad honorem, y se considerarán representativas las entidades con personería jurídica o gremial que nucleen al menos la quinta parte de los profesionales del sector y que hayan tenido actividad en los dos años anteriores.

El Presidente del INCAA será el encargado de fijar la cuota de pantalla para películas nacionales de largometraje y cortometraje, segmentándola según las características de las salas de exhibición. En cuanto a la asistencia estatal, el INCAA evaluará la aptitud de los proyectos para ser subsidiados, considerando un plan completo de producción y financiamiento acreditado. El subsidio no podrá exceder el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico y no podrá significar más del 50% del costo total de producción del proyecto.

El decreto entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, salvo la reglamentación del artículo 24 de la Ley, que establece que los gastos del INCAA no podrán exceder el 20% del total de recursos anuales percibidos. Este artículo comenzará a regir a partir del 1º de junio de 2025. El mundo audiovisual está en estado de alerta ante estas nuevas medidas, que prometen transformar profundamente el funcionamiento del INCAA y la industria cinematográfica nacional.