Mientras el gobierno de Javier Milei busca seducir inversiones multimillonarias para instalar centros de datos e infraestructura tecnológica en Argentina, el debate empieza a correrse de la épica libertaria hacia una pregunta más concreta: ¿qué obtiene realmente el país a cambio de entregar ventajas fiscales extraordinarias durante tres décadas?

El llamado “Súper RIGI”, pensado para atraer grandes proyectos vinculados a la economía digital y energética, aparece presentado como una herramienta “moderna” y “competitiva” para posicionar a Argentina en la carrera global por la inteligencia artificial, los datacenters y la infraestructura tecnológica.

Pero cuando se observa lo que hacen otros países de la región, la comparación deja una imagen incómoda.

Porque Brasil —uno de los grandes polos tecnológicos de América Latina— ya tiene regímenes de incentivo para centros de datos. Y a diferencia del modelo argentino, allí los beneficios fiscales no llegan solos: vienen acompañados de exigencias ambientales, tecnológicas y soberanas.

En otras palabras: el Estado brasileño negocia.

Y bastante.

Lo que Brasil exige

El esquema brasileño para empresas que quieran instalar grandes datacenters contempla beneficios impositivos, pero condicionados al cumplimiento de objetivos estratégicos para el país.

Entre ellos:

• El 10% de la capacidad operativa del datacenter debe destinarse obligatoriamente al mercado interno brasileño.
• El 100% de la energía utilizada debe provenir de fuentes renovables.
• Se exige eficiencia hídrica medible, con un máximo de 0,05 litros de agua por kWh y auditorías anuales obligatorias.
• El 2% de las compras o importaciones realizadas debe invertirse en investigación y desarrollo dentro de Brasil, articulando con universidades y centros tecnológicos locales.
• Los beneficios fiscales tienen una duración de cinco años, no de treinta.

Y además hay sanciones concretas.

Si las empresas incumplen las condiciones, deben devolver los impuestos suspendidos con intereses y quedan impedidas de volver a adherirse al régimen durante dos años.

No hay “cheques en blanco”.

Lo que el Súper RIGI no pide

La propuesta impulsada por el gobierno argentino, en cambio, avanza sobre una lógica mucho más extrema de liberalización.

El régimen ofrece:

• Ganancias al 15%.
• Exenciones arancelarias.
• Libre disponibilidad de divisas desde el tercer año.
• Amplias garantías jurídicas.
• Posibilidad de litigar contra el Estado argentino en el CIADI.

Todo esto por un período de hasta 30 años.

Pero el proyecto prácticamente no establece contraprestaciones.

No exige:

• Energía renovable.
• Metas de eficiencia hídrica.
• Inversión en investigación y desarrollo nacional.
• Integración tecnológica local.
• Capacidad reservada para el mercado interno.
• Protección soberana de datos.

Ni siquiera establece obligaciones vinculadas al impacto ambiental de instalaciones que consumen enormes cantidades de energía y agua.

Y ahí aparece uno de los grandes debates de fondo.

La nueva geopolítica no es solo petróleo: ahora también son datos

Los datacenters dejaron hace tiempo de ser simples edificios llenos de servidores.

Hoy son infraestructura estratégica.

Ahí viven los algoritmos, la inteligencia artificial, los sistemas financieros, las plataformas, los gobiernos digitales y buena parte del futuro económico.

Controlar dónde se almacenan y procesan los datos empieza a parecerse cada vez más a controlar recursos naturales.

Por eso países como Brasil, India o incluso algunos estados europeos ya comenzaron a discutir soberanía digital, eficiencia energética y utilización estratégica de la infraestructura tecnológica.

No se trata solamente de atraer inversiones.

Se trata de definir bajo qué condiciones se las acepta.

La discusión, entonces, ya no pasa únicamente por si llegan o no llegan empresas.

La pregunta es otra:
¿el país negocia desde una estrategia de desarrollo o desde la urgencia?

El riesgo de convertirse en territorio barato

El gobierno nacional argumenta que Argentina necesita reglas “ultracompetitivas” para captar capitales en un contexto global feroz.

Sus defensores sostienen que sin ventajas extraordinarias las inversiones nunca llegarían.

Sus críticos responden que el problema no es atraer inversiones, sino resignar completamente la capacidad de exigir algo a cambio.

Porque cuando un país entrega beneficios fiscales por 30 años, libera divisas, reduce impuestos y habilita tribunales internacionales, pero no exige transferencia tecnológica, empleo calificado, investigación local ni estándares ambientales mínimos, el riesgo es quedar reducido a una plataforma barata de extracción de valor.

Algo parecido a lo que durante décadas ocurrió con otras economías primarizadas.

Solo que ahora el recurso estratégico ya no es solamente el litio, el gas o el petróleo.

También son los datos.

Y la energía que los mantiene vivos.