La discusión sobre el equilibrio de las cuentas públicas no puede reducirse a una cuestión contable. La sostenibilidad económica también depende de la capacidad de una sociedad para generar empleo, sostener el consumo, invertir y garantizar condiciones de vida dignas. El desafío es encontrar un equilibrio entre responsabilidad fiscal, crecimiento y distribución.

Durante los últimos años, la discusión económica argentina quedó atrapada entre dos posiciones que suelen presentarse como incompatibles.

De un lado, quienes sostienen que sin equilibrio fiscal no existe estabilidad posible. Del otro, quienes advierten que un ajuste excesivo puede terminar debilitando la economía y trasladando el costo de la estabilización a los sectores con menores ingresos.

El problema es que ambas dimensiones importan.

Un Estado que gasta permanentemente por encima de sus posibilidades termina acumulando deuda, emitiendo o aumentando impuestos. Pero una política fiscal que busca cerrar las cuentas a cualquier costo puede deteriorar la actividad, reducir la inversión y profundizar las desigualdades.

La verdadera discusión debería ser otra: cómo alcanzar un equilibrio fiscal que pueda sostenerse en el tiempo y que, al mismo tiempo, sea compatible con el crecimiento y la equidad.

El equilibrio fiscal no debería entenderse como un objetivo aislado.

Las cuentas públicas son una herramienta para alcanzar determinados objetivos económicos y sociales. Si el Estado logra reducir el déficit pero la economía entra en recesión, cae el empleo y se deterioran los ingresos, el resultado puede ser fiscalmente positivo en el corto plazo pero difícil de sostener políticamente y socialmente.

La estabilidad necesita algo más que números ordenados.

Necesita una economía capaz de crecer.

Eso supone discutir también la calidad del gasto público. No todo gasto tiene el mismo impacto. Una inversión en infraestructura, educación, ciencia o salud puede generar efectos económicos muy diferentes a un gasto que simplemente no produce resultados.

Por eso, el debate no debería ser solamente cuánto gasta el Estado.

También debería preguntarse en qué gasta, qué resultados obtiene y quién termina pagando el costo.

La cuestión tributaria forma parte de la misma discusión.

Argentina tiene una estructura impositiva compleja, con numerosos impuestos y una fuerte presión sobre determinadas actividades. Al mismo tiempo, existen sectores de la economía que cuentan con beneficios, exenciones o regímenes especiales.

Una política fiscal sostenible necesita revisar ambas cosas.

Reducir impuestos puede ser positivo cuando mejora los incentivos para producir e invertir, pero hacerlo sin una estrategia puede generar nuevos desequilibrios fiscales. Del mismo modo, aumentar la presión tributaria indefinidamente puede terminar desalentando la actividad económica.

El objetivo debería ser construir un sistema más simple, previsible y progresivo.

Que paguen más quienes tienen mayor capacidad contributiva y que el sistema no castigue de manera desproporcionada a quienes producen, trabajan o intentan comenzar una actividad económica.

También aparece el problema de la deuda.

Cuando un Estado pierde acceso al financiamiento o acumula obligaciones difíciles de afrontar, la política económica queda condicionada durante años. Una parte importante de los recursos termina destinada a pagar intereses en lugar de financiar políticas públicas.

La sostenibilidad fiscal busca justamente evitar que ese mecanismo vuelva a repetirse.

Pero sostenibilidad tampoco significa congelar la economía.

Un país necesita invertir para crecer. Y muchas de esas inversiones requieren recursos públicos o una coordinación entre el Estado y el sector privado.

Infraestructura, energía, transporte, conectividad y educación son ejemplos claros.

La Argentina puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, necesitar aumentar determinadas inversiones.

La clave está en distinguir entre gasto improductivo e inversión que puede ampliar la capacidad futura de la economía.

Hay además una dimensión social que no puede quedar fuera de la discusión.

Las políticas de estabilización nunca afectan a todos de la misma manera. Una familia con ingresos altos puede soportar determinados aumentos de precios o recortes de servicios que para una familia de menores ingresos representan una pérdida mucho más significativa.

Por eso, la equidad debería formar parte del diseño de cualquier programa económico.

No significa abandonar la responsabilidad fiscal.

Significa preguntarse cómo se distribuyen los costos de alcanzarla.

Una sociedad puede aceptar un esfuerzo económico si entiende que existe un horizonte y que ese esfuerzo está distribuido de manera razonable. Cuando, en cambio, la estabilización se percibe como un sacrificio permanente que recae siempre sobre los mismos sectores, la política económica pierde legitimidad.

Argentina necesita estabilidad.

Pero también necesita crecimiento.

Y necesita que ese crecimiento pueda traducirse en mejores oportunidades.

Las tres cosas no deberían plantearse como objetivos enfrentados.

El equilibrio fiscal puede ser una condición necesaria para la estabilidad, pero no es suficiente para garantizar el desarrollo. Una economía sostenible necesita cuentas públicas ordenadas, inversión, empleo, productividad y una distribución razonable de los frutos del crecimiento.

El desafío, entonces, no consiste simplemente en gastar menos.

Consiste en gastar mejor, recaudar mejor y generar las condiciones para que la economía produzca más.

Porque un país no construye estabilidad solamente cerrando una planilla de Excel.

La construye cuando puede sostener sus cuentas públicas sin destruir su capacidad de crecer y cuando ese crecimiento permite que una mayor cantidad de personas tengan un futuro más previsible.

El equilibrio fiscal es importante, pero no puede convertirse en un fin en sí mismo. La verdadera sostenibilidad económica aparece cuando las cuentas públicas, el crecimiento y la equidad dejan de ser objetivos enfrentados y pasan a formar parte de una misma estrategia de desarrollo.