El Gobierno está avanzando en la auditoría de organismos estatales y podría implementar la «situación de disponibilidad» para empleados de planta permanente, en caso de aprobarse la Ley Bases. El proyecto contempla un régimen especial para aquellos trabajadores cuyas áreas podrían desaparecer, generando incertidumbre en más de 100 mil personas.

El Gobierno Nacional se encuentra en un proceso de revisión y reestructuración de organismos estatales, y de aprobarse la Ley Bases, podría aplicar medidas que afectarían a miles de empleados de planta permanente. Este proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, busca brindar un marco jurídico para aquellos trabajadores que podrían quedar sin tareas debido a la reorganización del Estado.

Una de las disposiciones más controvertidas de la Ley Bases es la posibilidad de pasar a «situación de disponibilidad» a aquellos empleados afectados por la supresión de órganos u organismos estatales, o la reducción de funciones. Según estimaciones, más de 100 mil trabajadores podrían encontrarse en esta situación, y tendrían un plazo de hasta un año para definir su futuro laboral.

El artículo 52 de la Ley Bases establece que el personal afectado por estas medidas quedará automáticamente en situación de disponibilidad por un periodo máximo de doce meses, durante los cuales podrán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Si al término de este período no consiguen una nueva relación laboral, serán desvinculados de la Administración Pública Nacional, con derecho a una indemnización según lo establecido por ley.

El proyecto también faculta al Gobierno a modificar o eliminar competencias, funciones o responsabilidades de los organismos estatales, así como reorganizar su estructura jurídica o transferirlos a las provincias. Sin embargo, se excluyen de estas facultades a entidades como las universidades nacionales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, entre otros.

Asimismo, se especifica que ciertos organismos, como el CONICET, ANLIS, ANMAT, y otros, no podrán ser disueltos. Esta medida ha generado debate y críticas por parte de diversos sectores políticos y sindicales, ante la incertidumbre y el impacto que podría tener en los trabajadores del Estado.