El movimiento islamista confirmó que disolverá su administración en la Franja y transferirá las funciones civiles a un comité palestino de tecnócratas. El anuncio abre una transición cargada de preguntas: quién gobernará Gaza, quién garantizará la seguridad y qué lugar tendrán los propios palestinos en el futuro de un territorio devastado.

En Gaza hasta la palabra gobierno parece necesitar una explicación.

Se gobierna sobre ciudades destruidas, hospitales exhaustos, barrios convertidos en escombros y una población que continúa atravesando una crisis humanitaria extrema. Naciones Unidas advirtió recientemente que, pese a los avances limitados del alto el fuego, millones de habitantes siguen enfrentando enormes dificultades cotidianas y reclamó acceso irrestricto para la ayuda humanitaria.

En ese paisaje, Hamás anunció la disolución de su gobierno en la Franja de Gaza y la transferencia de las responsabilidades civiles a un comité palestino de carácter tecnocrático.

La noticia es importante.

Pero en Medio Oriente, casi siempre, la letra chica ocupa más territorio que el titular.

Hamás había anticipado que disolvería su administración cuando el nuevo comité asumiera sus funciones. El organismo estará integrado por especialistas palestinos independientes y tendrá a su cargo la gestión cotidiana de Gaza. Sin embargo, las competencias exactas de la nueva estructura todavía son difusas y la organización islamista no ha dado señales equivalentes de desmantelar su brazo militar o sus fuerzas de seguridad.

Dicho de otra manera: dejar de administrar oficinas públicas no significa necesariamente abandonar el poder real.

Un gobierno sin Estado y un territorio sin respuestas

Hamás gobierna Gaza desde 2007. Durante casi dos décadas construyó una estructura política, administrativa, militar y de seguridad que sobrevivió al bloqueo, a sucesivas guerras y, finalmente, a la devastadora ofensiva israelí posterior a los ataques del 7 de octubre de 2023.

La transición anunciada busca separar la gestión civil de la organización armada. El nuevo comité deberá ocuparse de servicios públicos, administración y una reconstrucción cuyo costo ha sido estimado por Naciones Unidas en decenas de miles de millones de dólares. El plan impulsado bajo la conducción estadounidense también contempla, a más largo plazo, un eventual retorno de la Autoridad Palestina a la administración de Gaza.

Sobre el papel, la palabra elegida es tecnocracia.

Suena limpia. Eficiente. Casi quirúrgica.

El problema es que Gaza no es una planilla de cálculo.

Allí viven alrededor de dos millones de personas, gran parte de ellas desplazadas y desempleadas, en un territorio atravesado por la destrucción material, el duelo y décadas de conflicto. Gobernar semejante escenario exigirá bastante más que buenos currículums y expertos capaces de ordenar presupuestos.

Exigirá legitimidad.

Y esa palabra, curiosamente, sigue siendo una de las menos mencionadas.

Trump y la tentación de administrar el mundo

La transición forma parte del nuevo esquema internacional impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. Su denominado “Consejo de Paz” nació vinculado al alto el fuego y la reconstrucción de Gaza, pero la Casa Blanca ya dejó entrever ambiciones bastante mayores.

Trump presentó el organismo como una nueva herramienta para resolver conflictos internacionales y llegó a plantear una función global que despertó preocupación entre gobiernos y especialistas por una posible competencia con Naciones Unidas. Reuters informó que distintos países temen que la iniciativa termine debilitando el sistema multilateral construido después de la Segunda Guerra Mundial.

Es una discusión que excede largamente a Gaza.

Las Naciones Unidas son lentas, burocráticas y frustrantes. Han demostrado demasiadas veces su incapacidad para detener guerras o hacer cumplir sus propias resoluciones. Pero el multilateralismo nació, precisamente, de una idea bastante sencilla: que el destino de los pueblos no debería resolverse únicamente en una mesa ocupada por los hombres más poderosos del planeta.

La alternativa trumpista parece mucho más parecida a una junta de administradores globales.

Menos asamblea. Más directorio.

Para un presidente que pasó buena parte de su vida entre empresas y negocios inmobiliarios, probablemente resulte una evolución natural del pensamiento.

Para el derecho internacional, quizás no tanto.

La pregunta palestina

Hay otra ausencia incómoda.

En buena parte de las discusiones sobre el futuro de Gaza aparecen Estados Unidos, Israel, los países mediadores, las fuerzas internacionales, los organismos financieros y las estructuras de reconstrucción.

Los palestinos, en cambio, suelen aparecer como población a administrar.

Ese enfoque contiene un riesgo político y moral.

Hamás es una organización islamista armada y su ataque del 7 de octubre incluyó asesinatos y secuestros de civiles. Nada de eso puede relativizarse desde una perspectiva comprometida con los derechos humanos. Pero tampoco puede utilizarse para borrar los derechos políticos de millones de palestinos ni justificar ataques contra civiles, desplazamientos forzados o restricciones colectivas.

La democracia no puede ser una palabra reservada para algunos pueblos.

Si el nuevo gobierno de Gaza pretende construir estabilidad, necesitará algo más que reconocimiento internacional. En algún momento deberá existir una representación política palestina legítima, elecciones y un horizonte institucional capaz de unir Gaza y Cisjordania.

De lo contrario, la tecnocracia corre el riesgo de convertirse simplemente en otro nombre para la tutela.

Después de Hamás

La disolución del gobierno de Hamás puede marcar el final de una etapa.

O solamente un cambio de cartel en la puerta.

Todo dependerá de preguntas que siguen abiertas: quién controlará las armas, cómo se garantizará la seguridad de israelíes y palestinos, quién financiará la reconstrucción y, sobre todo, cuándo los habitantes de Gaza podrán decidir democráticamente quién los gobierna.

Porque reconstruir edificios será difícil.

Reconstruir hospitales, escuelas y calles llevará años.

Pero reconstruir una comunidad política después de tanta muerte será probablemente la tarea más compleja.

Gaza necesita paz.

También necesita comida, agua, hospitales y viviendas.

Y algún día —aunque las grandes potencias parezcan olvidarlo cuando despliegan sus mapas sobre la mesa— necesitará algo todavía más elemental:

el derecho de su pueblo a decidir su propio futuro.