El gobierno nacional extendió por un año las concesiones de varios complejos hidroeléctricos, lo que generó la convocatoria a una reunión entre los gobernadores de Neuquén y Río Negro y la Secretaría de Energía.

El gobierno de Neuquén, junto con su par de Río Negro, ha sido convocado por la Secretaría de Energía de la Nación para analizar el decreto 718/2024, que extiende por un año las concesiones vencidas de varios complejos hidroeléctricos en las provincias. Este decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, forma parte de un proceso de transición hacia la reprivatización de las represas, que incluye la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades que las controlan en un plazo de 180 días.

El ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, expresó su descontento con la demora en la emisión del decreto, calificándola como perjudicial para la institucionalidad. «Después de 30 años de concesiones, era sabido que se iban a vencer. Esta demora no es lo adecuado ni lo pretendido por las provincias de Neuquén y Río Negro», afirmó Etcheverry.

A pesar de las críticas, el funcionario confirmó que los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) fueron anticipadamente informados por la Secretaría de Energía sobre el alcance de esta norma. Ambos mandatarios han sido convocados a una reunión para avanzar en la implementación de las pautas establecidas por el decreto.

Etcheverry subrayó la importancia de trabajar en conjunto para definir aspectos cruciales durante este período de transición, incluyendo los pagos adicionales por canon o regalías, las normas de manejo de agua en coordinación con la autoridad de cuencas y el organismo regulador de presas, así como los aspectos de protección ambiental.

El ministro también destacó que la modificación de la Constitución Nacional en 1994, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales, no fue mencionada en los considerandos del decreto. Recordó que la provincia de Neuquén ya participa como accionista minoritaria en las sociedades concesionarias, con un 30% de participación en El Chocón y un 4% en Central Puerto.

Este diálogo entre las provincias y el gobierno nacional será clave para definir el futuro de estos importantes complejos hidroeléctricos y asegurar que los intereses provinciales sean adecuadamente representados en la nueva concesión.