Jefes comunales de la provincia de Buenos Aires exigieron al Gobierno nacional que transfiera los recursos destinados al Servicio Alimentario Escolar. En medio del ajuste, el conflicto deja al descubierto una disputa que ya no es solo presupuestaria: quién se hace cargo de la infancia cuando el Estado empieza a retirarse.

Un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires reclamó al gobierno de Javier Milei el envío de fondos adeudados para garantizar el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar.

La demanda apunta a recursos que, según sostienen los municipios, son indispensables para asegurar la asistencia alimentaria de miles de chicos que dependen todos los días del comedor escolar.

La tensión creció en las últimas semanas a medida que varias comunas comenzaron a advertir que los montos transferidos por Nación no alcanzan para cubrir el incremento de los costos básicos.

En algunos distritos, la suba de alimentos volvió cada vez más difícil sostener una prestación que para muchas familias dejó de ser un complemento y pasó a convertirse en una necesidad central.

Detrás del reclamo aparece una discusión más profunda que la de una partida presupuestaria.

Los intendentes sostienen que el recorte nacional está trasladando a provincias y municipios responsabilidades que antes asumía la administración central, en un contexto donde los gobiernos locales ya enfrentan una presión creciente para responder a una crisis social cada vez más visible.

En muchas escuelas del conurbano, el comedor se transformó en uno de los pocos espacios donde miles de chicos acceden a una comida diaria completa.

Por eso, cuando los fondos se retrasan o se reducen, la discusión deja de ser administrativa para convertirse en un problema que impacta de manera directa en la vida cotidiana de las familias más vulnerables.

Desde la Casa Rosada, el discurso oficial insiste en que el ajuste debe alcanzar a todos los niveles del Estado.

Pero en los municipios advierten que aplicar esa lógica sobre políticas alimentarias implica trasladar el costo del orden fiscal a sectores que ya vienen soportando el peso más duro de la crisis.

El reclamo también vuelve a mostrar una fractura política cada vez más marcada entre el gobierno nacional y buena parte de los intendentes bonaerenses, que en los últimos meses comenzaron a asumir un rol más activo frente al deterioro social en sus territorios.

Porque cuando una discusión presupuestaria termina entrando a un comedor escolar, ya no se trata solamente de números.

Se trata de definir hasta dónde un país está dispuesto a sostener a quienes menos margen tienen para esperar.